Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Organizaciones emergentes llamaron a los legisladores federales a promover acciones legales que garanticen la protección de los acuíferos kársticos, que ocupan 20 por ciento del territorio nacional, toda vez que constituyen en la península de Yucatán una de las mayores reservas de agua dulce.

Entre las propuestas de los Parlamentos Abiertos realizados durante las últimas tres semanas en congresos estatales y otros espacios de 16 estados, las de Yucatán establecen la urgencia de preservar y proteger los cuerpos de agua tanto de los mantos freáticos, ríos subterráneos, grutas y cenotes de la región.

En el Parlamento Abierto de Yucatán –celebrado el 14 de noviembre en la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología– se acordó hacer llegar esos planteamientos a la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas que reforma, deroga y adiciona disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La representación yucateca expuso también la necesidad e importancia de consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones o permisos de descarga que pudieran afectar su salud y bienestar.

Estos resolutivos se suman a los de los parlamentos abiertos de otras 15 entidades federativas, entregados a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y al organismo similar del Senado, junto con la iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas presentada por el diputado José Narro.

En casi todos los Parlamentos Abiertos se recomendó la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales, por ser incompatible con el Cuarto Artículo Constitucional que exige el acceso equitativo y sustentable al vital recurso, mediante la participación ciudadana y gubernamental.

El parlamento abierto de Jalisco, realizado el 7 de noviembre, resolvió el reemplazo de los Consejos de Cuenca por Consejos Regionales que asegurarían presencia de pueblos y comunidades indígenas, núcleos agrarios, productores de granos básicos para la soberanía alimentaria, grupos afectados por la contaminación y escasez de las aguas.

En Zacatecas se resolvió que la infraestructura hidroagrícola debe ser regresada a la federación, para así quitar el control ejercido por grupos caciquiles y hasta delictivos sobre los Distritos de Riego.

En Oaxaca, los asistentes se pronunciaron a favor del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad, uso y goce de las aguas en los territorios que habitan u ocupan, según sus propias formas de gobierno, las cuales no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni concesionadas sin su consentimiento.

En el Parlamento Abierto de Guerrero, se resolvió que se debe exigir la restauración de sitios contaminados, pagados por el contaminador, bajo la vigilancia de la población local.

El Gobierno de México aclaró que la iniciativa presidencial no pretende desaparecer a la Conagua, por el contrario, prevé fortalecer su papel institucional y técnico.

También aclara que todos los usuarios que tienen un título vigente conservarán los derechos que les fueron concesionados, ya que ninguna ley es retroactiva.

El proyecto presidencial prevé elevar sanciones administrativas por el mal uso y manejo del agua, y se tipifican los delitos hídricos, sin criminalizar a los usuarios.

Igual se establecen medidas para prevenir prácticas que afecten la distribución y disponibilidad del agua, especialmente aquellas que lucran con la necesidad de este recurso o den lugar a actos de corrupción.

(LectorMx)