Mérida, Yucatán.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán reiteró su rechazo al incremento propuesto al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), porque considera que afecta el empleo formal.

En un pronunciamiento, la cúpula de la iniciativa privada local expuso motivos de preocupación de las empresas por el proyecto de alza en ese gravamen.

Las cámaras y organismos que integran el CCE en el estado suscribieron un escrito que en resumen plantea argumentos en contra de un eventual aumento en ese rubro.

1. El sector empresarial se enteró tardíamente de la propuesta, sin mesas técnicas ni diálogo previo.
2. El impacto recae principalmente en las empresas medianas y grandes, que generan el 66 por ciento del empleo formal en el estado.
3. El incremento del impuesto encarece el empleo, debilita la competitividad y presiona el crecimiento del estado.
4. Se hace un llamado al Gobierno del Estado y a los diputados del Congreso de la entidad a dialogar y buscar alternativas más justas y sostenibles.

La lectura estuvo a cargo de la presidenta en turno del CCE, Claudia González Góngora, acompañada por otros dirigentes, entre ellos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Emilio Blanco del Villar, y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Mérida), José Enrique Molina Casares.

TEXTO ORIGINAL

El objetivo de esta rueda de prensa es exponer con claridad, responsabilidad y fundamento sólido la postura del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán frente al incremento propuesto al impuesto sobre la nómina. Este tema ha generado legítima preocupación en miles de empresas y en miles de familias que dependen del trabajo normal, del trabajo formal. Es importante dejarlo claro desde el inicio, este impuesto es un impuesto sobre el empleo, ya que no grava utilidades, grava directamente el trabajo formal.

Cada persona contratada, cada salario pagado y cada nueva oportunidad laboral representa una obligación adicional. Por eso, cuando se incrementa este impuesto no se afecta a las empresas, se afecta a quienes trabajan en las empresas. El sector empresarial se enteró de esta propuesta de manera tardía, apenas unas horas antes de que el paquete fuera entregado al Congreso.

No hubo mesas técnicas, ni análisis conjunto, ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, que es el órgano formal para discutir estos temas. Este proceso, que siempre había sido colaborativo en años recientes, esta vez se tomó de manera unilateral y sin diálogo constructivo previo. Además, este impacto no recae de manera uniforme.

Las empresas medianas y grandes que representan sólo el mencionado 4% del padrón empresarial, pero son las que generan el 66% del empleo formal de nuestro Estado, esas serán las más afectadas. Ese 4% no son las que más pueden pagar, son el motor que sostiene dos terceras partes del empleo formal en Yucatán. Sí, si ese motor se desacelera, se desacelera todo Yucatán.

En Yucatán, cerca de 440.000 personas laboran en la formalidad. Y para dimensionar el impacto, incluso bajo un escenario muy conservador, vamos a hacer un ejercicio. Asumiendo que esos 440.000 empleos perciben únicamente el salario mínimo, que hoy las empresas sabemos que no es el salario mínimo que se paga nada más en Yucatán, pero bueno, vamos a hacer este ejercicio.

Hoy esas empresas pagarían en total alrededor de 3.7 millones de pesos diarios por concepto de impuestos sobre el empleo, equivalentes en una perspectiva anual a 1.343 millones de pesos. Con el incentivo del 12% al salario mínimo en 2026, con el incremento del 12% al salario mínimo en 2026 y con la nueva tasa del 3.75 aplicada sobre este 66% de los empleos formales, esa carga subiría cerca de 4.8 millones de pesos diarios, lo que representa 1.753 millones al año, es decir, más de 1.1 millones adicionales cada día y alrededor de 409 millones extra al año. Y este cálculo, vamos a recordar que es apenas una estimación mínima.

La mayoría de los empleos formales tienen salarios superiores al mínimo, por lo que el impacto real sería todavía mayor cuando se consideren los sueldos verdaderos. Para ponerlo en perspectiva, en 2025 el Estado proyectó 4.858 millones de pesos provenientes de impuestos sobre el empleo. Este gravamen por sí solo representa 72% de toda la recaudación local estatal.

Por eso, detrás de cada peso que se recauda están las empresas sosteniendo empleos, proyectos de inversión y miles de familias que dependen del ingreso formal. Incrementar este impuesto de esta manera encarece el empleo, debilita la competitividad y presiona directamente la capacidad del crecimiento de nuestro Estado. Estas mayores cargas también pueden traducirse en ajustes a la estructura del personal, afectando la capacidad de las empresas para mantener su plantilla laboral en el mediano plazo.

Además, al encarecer el costo total del empleo, se limitan al margen para mejorar salarios y prestaciones, reduciendo el poder adquisitivo real de las y los trabajadores.

La justicia social no se construye encareciendo el empleo formal. Aumentar el costo del empleo formal en un momento de bajo crecimiento, menor inversión privada y mayor incertidumbre económica internacional es una decisión regresiva.

Cada peso adicional destinado a este impuesto es un peso menos para contratar, para invertir, para innovar o para expandirse. Los Estados más competitivos no encarecen la formalidad, la fortalecen.

Tampoco es correcto sostener que el 96% de las empresas no se verán afectadas. El impacto no se mide por número de empresas, el impacto se tiene que medir por número de empleos. Y este incremento afecta directamente a las y los colaboradores de miles de negocios en nuestro Estado.

No afecta la informalidad. Al contrario, esto contribuye a que demás podría verse incentivada por decisiones como estas.

Como lo hemos expresado en múltiples ocasiones, esto no es un debate ideológico, es un análisis técnico sobre productividad, costos laborales, elasticidad del empleo y competitividad regional. Subir este impuesto encarece la contratación formal sin generar valor adicional para la economía.

Por todo lo anterior, expresamos nuestro rechazo al incremento del impuesto sobre el empleo y hacemos un llamado respetuoso pero firme al Gobierno del Estado para abrir un espacio de diálogo real, con sustento técnico, con alternativas y con visión de largo plazo.

El sector empresarial de Yucatán no es adversario del desarrollo social. Es aliado.

Queremos un mejor sistema de transporte, mejor infraestructura y mejores oportunidades para todas y todos. Lo que no compartimos es que se busque financiar estos objetivos recargando todo el financiamiento en el empleo formal existente. Sin evaluar opciones más justas, más modernas y más sostenibles a largo plazo.

Asimismo, hacemos una atenta invitación a las diputadas y los diputados del Congreso del Estado a analizar esta decisión con rigor, responsabilidad y sobre todo con visión de futuro. Y a no aprobar este incremento por el impacto que tendría en el empleo formal, la competitividad y el desarrollo económico de nuestro Yucatán.

En el sector empresarial estamos listos para dialogar, para construir y para aportar soluciones. Lo que pedimos es sencillo: Decisiones responsables que protejan el empleo formal que generamos, que impulsen la inversión de nuestro Estado y que aseguren que sigamos en el desarrollo económico sostenible de Yucatán. Muchas gracias.