Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Representantes de 17 comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, exigieron a los tres órdenes de gobierno acatar la sentencia judicial que ordena erradicar el uso de plaguicidas y herbicidas que afectan la calidad del agua para consumo humano, un problema que se extiende a toda la Península de Yucatán.

La exigencia se deriva de la resolución favorable emitida por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 26 de agosto, mediante la cual se concedió el amparo a pobladores de la región ante la gravedad de la contaminación provocada por el uso de pesticidas.

Esta determinación judicial establece un precedente, ya que el problema de afectación al suelo y a la salud por el uso de plaguicidas en Hopelchén, región del sur de Campeche que colinda con Yucatán, se extiende a todo el país, indicaron.

En rueda de prensa, demandaron medidas inmediatas para mitigar el impacto y erradicar los efectos del uso de glifosato y otros químicos altamente tóxicos en las comunidades mayas del municipio, que alberga a más de 42 mil habitantes, según el último Censo de Población.

Las autoridades deben acatar la sentencia, señalaron Jorge Pech y Leidy Pech, integrantes del Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén, quienes expusieron que es impostergable atender el problema, que también afecta a toda la península debido a su suelo kárstico, el cual facilita la filtración de sustancias tóxicas hacia los mantos freáticos.

La situación abarca los cuerpos de agua de la península y los ríos subterráneos que conectan cenotes y grutas de Yucatán con otros sistemas hídricos, hasta llegar a las lagunas de Bacalar, en Quintana Roo, debido a la interconexión de estos cuerpos de agua, advirtió Jorge Pech, quien señaló a los grandes productores agrícolas como responsables de los perjuicios ocasionados al agua.

Mencionaron que corresponde a las autoridades aplicar medidas de control y solución a este grave problema de contaminación del agua, cuyos efectos tanto en el suelo como en la salud humana son múltiples, entre ellos alteraciones en los sistemas nervioso e inmunológico, daño hepático y cáncer de mama y de matriz.

La abogada Itzel Arteaga San Germán, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), mencionó que las dependencias públicas deben detener, monitorear y subsanar el problema de contaminación por glifosato y otros tóxicos, con apoyo de los centros de investigación para realizar un monitoreo permanente de la calidad del agua.

Es una respuesta de corresponsabilidad, dijo la litigante, que involucra a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en lo relacionado con los estudios de calidad, y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en materia de control de plaguicidas.

Tanto Itzel Arteaga como los activistas demandaron acciones efectivas e inmediatas, y no sólo archivar la sentencia, como ocurrió con una determinación judicial similar emitida en 2015, de la que, señalaron, no derivaron medidas reales de solución.

De hecho, en su sentencia, el Pleno de la Corte resolvió que las autoridades de Semarnat, Conagua y Cofepris deben atender la demanda de control y saneamiento de las fuentes de agua de las poblaciones mayas.

La determinación judicial ordena monitorear los cuerpos de agua en Hopelchén, que las autoridades ambientales ejerzan sus facultades de regulación, control y vigilancia respecto de los plaguicidas, y que apliquen las medidas necesarias a los grandes productores para garantizar a las comunidades el acceso al agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.