Mérida, Yucatán.- Un caso documentado en un hospital público de Mérida, donde un paciente con cáncer habría recibido un medicamento presuntamente falsificado, encendió una alerta en el sistema de salud y motivó la presentación de una iniciativa para cerrar el paso a este tipo de riesgos.

El diputado del PAN Yucatán, Álvaro Cetina Puerto, llevó el tema a tribuna y advirtió que el problema ya no se limita al desabasto. “Hoy la gente no solo se pregunta si hay medicamentos; hoy tiene que preguntarse si el medicamento es verdadero”, expresó.

El hecho, ocurrido en el Hospital Regional del ISSSTE en Yucatán, evidenció —según expuso el legislador— una cadena de fallas que abarca desde la adquisición hasta la aplicación de los insumos médicos.

“Alguien compró, alguien autorizó, alguien no revisó”, señaló, al subrayar que permitir que un medicamento presuntamente falsificado llegue a un paciente no puede considerarse un error administrativo, sino un riesgo directo a la vida.

Ante esta situación, Álvaro Cetina presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Salud, la Ley de Adquisiciones y el Código Penal Federal, con el objetivo de establecer controles más estrictos en toda la cadena de suministro de medicamentos.

La propuesta plantea la creación de un Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos, que permita rastrear cada unidad desde su origen hasta su aplicación en el paciente, a fin de garantizar su autenticidad y detectar irregularidades antes de que representen un riesgo.

Además, contempla medidas para fortalecer las compras públicas, como limitar la adquisición a proveedores verificables, prohibir intermediarios sin acreditación y establecer sanciones penales para quienes participen en la falsificación, distribución o suministro de medicamentos irregulares, incluyendo servidores públicos que incurran en negligencia.

“El problema no es solo que exista falsificación; es que el sistema permite que lo falso llegue hasta el paciente”, advirtió.

El diputado panista señaló que este fenómeno no es aislado, sino parte de una problemática creciente en el país, donde se han incrementado las alertas sanitarias y las denuncias por medicamentos falsificados, incluso dentro de instituciones públicas de salud.

En ese sentido, hizo un llamado al gobierno del estado a asumir su responsabilidad política, al tratarse de un caso ocurrido en Yucatán, y exigió que se transparenten los procesos de compra, distribución y aplicación de medicamentos.

“La ciudadanía merece respuestas aquí, con urgencia”, sostuvo.

La iniciativa también incorpora un enfoque centrado en el paciente, al reconocer su derecho a conocer el origen, autenticidad y trazabilidad de los medicamentos que recibe, así como a verificar esta información mediante herramientas tecnológicas.

Finalmente, Cetina Puerto subrayó que este tema debe atenderse sin distinción de partidos, al tratarse de un asunto de vida o muerte. “Esto no es un error administrativo. Es poner en riesgo la vida”, afirmó.

El PAN Yucatán informó que puso a disposición de la ciudadanía un equipo legal para promover amparos gratuitos en favor de pacientes que enfrenten desabasto o irregularidades en sus tratamientos, e invitó a quienes tengan dudas sobre los medicamentos que reciben a acercarse para recibir acompañamiento jurídico.

(Comunicado)

LA RESPUESTA DEL OFICIALISMO

    En el Congreso del Estado de Yucatán, diputadas y diputados de la Bancada del Pueblo reafirmaron su compromiso con la transparencia, la educación, la niñez, las personas adultas mayores, la cultura y los derechos humanos, impulsando una agenda legislativa cercana a la ciudadanía y enfocada en el bienestar social.

    En defensa de la infancia, la diputada María Esther Magadán Alonzo presentó una iniciativa para garantizar que niñas, niños y adolescentes sean escuchados sin ser revictimizados en procesos judiciales. “Escuchar no debe significar dañar”, sostuvo, al proponer principios de mínima intervención y no revictimización, colocando el bienestar emocional de la niñez como prioridad del Estado.

    Asimismo en materia de justicia social para las personas adultas mayores, el diputado Wilber Dzul impulsó una reforma que plantea un cambio de modelo hacia un envejecimiento digno, activo e incluyente. “La dignidad no tiene edad”, enfatizó, destacando que el Estado debe garantizar condiciones de salud, participación y autonomía para este sector, reconociéndolo como pilar de la sociedad.

    En su intervención el diputado Alejandro Cuevas presentó una propuesta para fortalecer la representación del Congreso en el órgano de gobierno de transparencia, al postular a la diputada María Esther Magadán Alonzo como titular y al diputado Wilmer Monforte Marfil como suplente. Subrayó la importancia de consolidar instituciones abiertas y responsables ante el pueblo: “Proponemos integrar este órgano con representantes de este Congreso”, afirmó, destacando la necesidad de garantizar confianza ciudadana.

    Por su parte, el diputado Julián Bustillos informó la aprobación unánime de la convocatoria al Reconocimiento a la Excelencia Docente 2026, resaltando el papel fundamental de maestras y maestros en la formación de niñas, niños y jóvenes. “Las y los docentes son arquitectos del futuro”, expresó, al convocar a la ciudadanía a participar en este proceso que reconoce el esfuerzo educativo como base del desarrollo social.

    En tribuna la diputada Clara Rosales fijó postura frente a señalamientos de la oposición en materia de salud, denunciando desinformación y recordando responsabilidades de gobiernos anteriores. Reafirmó que hoy se actúa con legalidad y responsabilidad institucional: “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, subrayó, destacando acciones para proteger el bienestar de la población.

    En la agenda de derechos humanos, la diputada Alba Cristina Cob hizo un llamado a erradicar la violencia y discriminación contra personas trans y no binarias, colocando en el centro el caso de Lexi como ejemplo de la urgencia de legislar con perspectiva de inclusión. “Cada víctima es un caso de justicia, no una estadística”, afirmó, impulsando el reconocimiento del delito de transhomicidio y la protección de sectores vulnerables.

    De igual manera, el diputado Bayardo Ojeda destacó la importancia del arte y la cultura como herramientas para el desarrollo social, la prevención de adicciones y la construcción de mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes. “Invertir en arte es invertir en una mejor sociedad”, señaló, al convocar a los municipios a fortalecer políticas culturales que impulsen el talento y la identidad de las nuevas generaciones.

    Con estas acciones, la Bancada del Pueblo reafirma su compromiso de legislar con sentido social, poniendo en el centro a las personas, especialmente a la niñez, juventudes, personas adultas mayores y sectores históricamente vulnerados, construyendo un Yucatán más justo, incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos.