Mérida, Yucatán.- Una expropiación “incorrecta”, efectuada en 2004 a favor del gobierno del estado, es motivo de un reclamo por 150 millones de pesos de parte de ejidatarios de Dzununcán, municipio de Mérida.
Se trata de la parcela 282 en donde se asienta el recinto ferial de X’matkuil.
Según David López Ambrosio, asesor jurídico del núcleo campesino, el decreto presidencial de enero del 2004 la identifica como tierras de uso común cuando en realidad desde el año 2003 ya se había creado y constituido en el programa federal de Procede.
“Entonces al expropiarla mal no hubo un pago equitativo al ejido”, explicó.
Además –de acuerdo con esa versión–, el cheque emitido al comisariado ejidal de entonces fue indebido, ya que el pago debió ser aprobado por la asamblea y esta tenía que recibir el dinero, no una persona en específico.
Este jueves, habitantes de la comisaría realizaron un plantón de protesta enfrente del predio en cuestión.
En la diligencia de este 10 de septiembre, los interesados llevaron a cabo una “inspección judicial”, para reconocer cuál es la superficie de las 82 hectáreas que tiene ocupada la Feria de X’matkuil.
Estuvo presente un actuario del Tribunal Agrario con la finalidad de dar fe al reclamo.
“Una parte es donde está el salón Izamal y la otra parte es el estacionamiento”, detalló el declarante.
El representante legal estimó que serían unas 40 hectáreas las involucradas en el litigio.
Junto con las rentas acumuladas desde el año 2004 a la fecha, los promoventes solicitan la devolución de la tierra al ejido, dado que en el Registro Agrario Nacional sigue inscrita como tal.
El caso involucra a aproximadamente 180 ejidatarios.
El comisariado ejidal, Wilberth Cocom Celis, alegó que no buscan atacar al gobierno en turno, sino de resolver un asunto que le corresponde.
“Vino el de Asuntos Agrarios, quedaron en que íbamos a entablar diálogos para llegar a una solución, y hasta la fecha no ha habido, y seguimos siempre en los tribunales…”, argumentó.
Anticipó que en próximas asambleas determinarán otras medidas de presión.
“Si no se soluciona, hay posibilidades que tomemos el estacionamiento”, amagó.
La última audiencia del tema, con desahogo de pruebas confesional y testimonial, está programada para el día 3 de noviembre, a las 10 de la mañana.
A partir de ahí, la ley fija unos seis meses para que el Tribunal Agrario dicte la sentencia.
Los manifestantes se dijeron “en la mejor disposición de recibir una buena propuesta” de parte de las autoridades estatales.
(LectorMx)
