Mérida, Yucatán.- A horas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, activistas en Yucatán sacaron “trapitos al sol” y exhibieron fallas, insuficiencias y falsedades en la narrativa oficial en contra de la violencia de género y la lucha por los derechos de ellas.

Llegaron caracterizadas de “amas de casa” y se plantaron en los bajos de Palacio de Gobierno, sin presencia del titular del Ejecutivo quien se encuentra de viaje a Houston, Texas.

Con palabras sencillas cuestionaron la distancia entre la realidad y el discurso, por ausencia de cambios estructurales como demandas centrales del 8 de marzo.

“Es tiempo de sacar nuestros trapitos al sol y mostrar las deudas que todavía se tiene con las mujeres”, explicó Adelaida Salas Salazar, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán.

Durante la protesta ironizaron la iluminación de color morado en edificios gubernamentales, instituciones públicas y hasta escuelas, pero sin entender ni actuar por el fondo de la fecha.

Además del performance, las defensoras ventilaron la falta de acciones concretas de dependencias clave: las secretarías de las Mujeres (Semujeres), de Bienestar y de Salud, así como del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán (Cepredey) y del DIF.

Más tarde, compartieron una revisión crítica alusiva al trabajo de Semujeres y Cepredey.

(LectorMx)

DOCUMENTO TEXTUAL
Medición y uso de la percepción de seguridad

A pesar del despliegue reportado de más de 630 patrullas, la ejecución de mas 5,300 acciones de prevención y la coordinación declarada de al menos 20 instituciones gubernamentales, los resultados oficiales muestran que la delincuencia en Yucatán no se redujo durante 2025, sino que aumentó de manera significativa (pag 1)
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer cifras que confirman un incremento del 29% en la incidencia delictiva estatal, alcanzando 5,357 delitos en 2025, lo que representa, en términos reales, un crecimiento cercano al 30% en el primer año de gobierno (pag 1 y 14)

Se revisó y contrastó el apartado correspondiente a la Directriz 6: Justicia, Seguridad Ciudadana y Cultura de la Paz del Informe de Gobierno del Estado de Yucatán, Estadísticas oficiales de seguridad pública, provenientes del número de emergencias 911 y Encuestas nacionales del INEGI: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), (pág 4 y 5)

El informe oficial señala que Yucatán ocupa el tercer lugar nacional en percepción de seguridad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) muestra que Yucatán ha experimentado un descenso sostenido año con año, ubicándose actualmente en el lugar 12 a nivel nacional. Según el INEGI, Yucatán cayó del segundo lugar nacional al lugar 12 en percepción de seguridad, mientras que el SESNSP confirma un incremento del 29% en la incidencia delictiva (pag 2 y 7)
La ENSU reportó en junio de 2025 una percepción de inseguridad del 41%, es decir, un 59% de percepción de seguridad; mientras que para septiembre de 2025, la ciudad se posicionó en el segundo lugar nacional en menor percepción de inseguridad, lo que nuevamente corresponde exclusivamente al ámbito municipal, no al estatal (pág 7)

Atención a las causas del delito
Presenta una de las mayores incoherencias entre el discurso oficial y la evidencia empírica disponible. El informe de gobierno reporta la realización de 5,593 acciones preventivas y un supuesto impacto en más de 52,588 personas beneficiarias. Hay duplicidad en el registro de actividades e impactos: una misma acción ejecutada por el Centro Estatal de Prevención del Delito (CEPREDEY) es registrada simultáneamente como actividad de otras dependencias, como la Secretaría de las Mujeres, lo que incrementa de manera ficticia el número de acciones reportadas, cuando en realidad se trata de los mismos participantes registrados de forma reiterada. Este mecanismo explica cómo el informe oficial alcanza cifras como 52,588 personas beneficiarias. Las acciones reportadas se limitan a actividades lúdicas, recreativas y deportivas, como clases deportivas, clases artísticas y ferias, sin que se identifique ninguna intervención directa en materia de prevención del delito. El alcance reportado de 2,018 estudiantes implica que las 632 acciones informadas se concentraron en no más de cinco escuelas secundari (pág 8)

Incoherencias en la narrativa de “puentes de paz”

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señala una exclusión sistemática de la sociedad civil en los espacios formales de participación relacionados con seguridad, prevención del delito y violencia de género: a) omisión de su participación en los consejos b) eliminación deliberada de sus intervenciones en las actas oficiales. Un ejemplo concreto: en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, celebrada el 3 de diciembre de 2025 en la ciudad de Mérida. la Maestra Adelaida Salas, representante de la sociedad civil, cuestionó la ausencia y la falta de acciones concretas de instituciones clave como BIENESTAR, SALUD, CEPREDEY, DIF, y exigió resultados en la atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres El acta oficial omite por completo el contenido sustantivo de los señalamientos realizados y las intervenciones de otras representantes de la sociedad civil. (pág. 6)
Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas
El informe oficial señala que durante 2025 se realizaron 2,469 acciones de búsqueda, brindando apoyo a 824 personas, sin embargo l Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán carece de una infraestructura mínima adecuada para el cumplimiento de sus funciones sustantivas. Todas las áreas de la Comisión operan simultáneamente dentro de un solo cuarto cerrado, vulnerando principios básicos de confidencialidad, dignidad, enfoque diferencial y no revictimización y limitando severamente la capacidad del personal para desarrollar procesos complejos de análisis y búsqueda, y contrastan con la narrativa institucional que presume una operación robusta y articulada (pág 11).

Servicios de atención a las violencias contra las mujeres
De acuerdo con el SESNSP, entre 2024 y 2025 los feminicidios aumentaron de 7 a 10 casos, alcanzando un máximo histórico en el estado. En el mismo periodo, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual pasaron de 179 a 183, y los delitos contra la familia de 448 a 479, lo que evidencia una tendencia al alza en las violencias que afectan directamente a mujeres y niñas. Estas cifras contrastan de manera alarmante con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) —referencia clave para el diseño de políticas públicas en 2025—, la cual señala que el 71.4% de las mujeres en Yucatán ha experimentado algún tipo de violencia psicológica, física, sexual o económica a lo largo de su vida. Esta brecha entre prevalencia real y delitos denunciados confirma la existencia de una cifra negra estructural, que invisibiliza la violencia y limita la efectividad de los servicios institucionales. (pág 12)
El informe oficial reporta 35,683 servicios especializados otorgados en materia de trabajo social, atención psicológica, jurídica y penal. El volumen de atenciones no puede interpretarse automáticamente como un indicador de acceso a la justicia ni de protección efectiva de derechos. . Sin mecanismos independientes de seguimiento y evaluación, la multiplicación de servicios puede coexistir con resultados penales mínimos (pág 12)
Incoherencia en los indicadores de resultados y ausencia de medición de impacto
se expresan principalmente en términos de número de acciones realizadas, personas beneficiadas o servicios otorgados, sin que exista una vinculación clara con impactos medibles, ni con objetivos sustantivos como la reducción de la incidencia delictiva, el incremento en el acceso a la justicia o la disminución de la impunidad. (pág 13)

Los delitos que registraron los mayores incrementos. El robo en general aumentó un 42%, destacando el robo a casa habitación, que creció un 114%, y el fraude, con un incremento del 135%. El daño a la propiedad registró un alza del 54%. Reflejan un crecimiento sostenido de la criminalidad que exige acciones preventivas reales y efectivas, más allá del discurso oficial. (pág 13).

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 5,357 delitos en Yucatán; mientras que el propio informe de gobierno señala la recepción de 46,288 carpetas de investigación, lo que evidencia una desproporción inexplicada entre delitos registrados y carpetas iniciadas. Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos reportan la atención de apenas 140 asuntos, una cifra marginal frente al volumen de carpetas iniciadas y totalmente insuficiente para impactar en la carga institucional del sistema de justicia. Los indicadores presentados no permiten conocer si las instituciones actúan de manera eficiente o deficiente, ya que no reflejan ni la calidad de las actuaciones ni los resultados obtenidos, sino únicamente la acumulación de trámites y registros administrativos. (pág 13 y 14).

Reportar miles de acciones, beneficiarios o servicios no solo resulta irrelevante, sino que oculta la incapacidad del sistema para garantizar seguridad y justicia, impidiendo a la ciudadanía y a los órganos de control conocer si los recursos públicos están generando beneficios reales o simplemente sosteniendo una estructura administrativa que no rinde cuentas sobre sus resultados (pág 14).

El análisis de la atención a víctimas revela una de las inconsistencias más graves del modelo. Con un presupuesto de apenas $3,147,803 pesos asignado al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Estado reconoce formalmente a 444 víctimas, pero solo logra integrar 13 expedientes de reparación integral, incumpliendo de facto lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán. (pág 15).

En materia de violencia contra las mujeres, la brecha entre la violencia real y la violencia reconocida institucionalmente resulta alarmante. Mientras la ENDIREH señala que el 71.4% de las mujeres en Yucatán ha vivido algún tipo de violencia, los registros penales reportan apenas 183 delitos contra la libertad y seguridad sexual y 10 feminicidios, pese a que proyecciones basadas en tasas nacionales sugieren que entre 65 y 75 mujeres pudieron haber fallecido por violencia en 2025. (Esta diferencia evidencia una cifra negra estructural, sostenida por la falta de observancia ciudadana, la revictimización institucional y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.( pág 15).
El sistema de indicadores utilizado por el gobierno impide cualquier evaluación objetiva del desempeño institucional. La coexistencia de 5,357 delitos, 46,288 carpetas de investigación y solo 140 asuntos atendidos mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos refleja no solo una incapacidad estructural del sistema de justicia, sino también la ausencia de indicadores que permitan valorar la eficacia, eficiencia y legalidad de la actuación institucional. (pág 15)

(FIN DEL TEXTO)