Tijuana, Baja California.– El pleno de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó de manera abierta al Gobierno Federal encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de Estado, trascendiendo ciclos políticos, partidos y grupos.

Esta debe enfocarse en erradicar las redes de colusión que posibilitan la impunidad, expuso la organización en el marco del Encuentro Empresarial Nacional Coparmex, en el que participaron los 71 centros empresariales que representan a más de 100 ciudades del país.

Los empresarios emitieron un posicionamiento público sobre seguridad para México, en el que manifestaron “su profunda preocupación por el crecimiento de la violencia cotidiana y la extorsión, la cual consideran un freno directo al desarrollo económico y social”.

Desde Tijuana, ciudad símbolo de resiliencia y frontera de oportunidades, pero también espejo de las urgencias de la República en materia de seguridad, la cúpula empresarial levantó la voz ante el descontento generalizado que cruza generaciones y profesiones, evidenciado recientemente por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

En lo que constituyó la demanda principal, clara y urgente de Coparmex, pidió ejercer la capacidad del Estado para emprender una lucha frontal contra la extorsión y exigió, no pidió, a los congresos y autoridades locales armonizar la legislación y organizar presupuestos y estructuras necesarias para su combate y erradicación.

“La extorsión es catalogada como el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios, mata a las MiPyMEs —el corazón productivo del país—, destruye empleos, vacía comunidades y distorsiona mercados. Su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional ante la ausencia de Estado, justicia y protección”, puntualizó.

México necesita que este delito sea tratado con la prioridad que merece, asignándole los recursos equivalentes a su impacto económico y social, subrayó la Coparmex en su pronunciamiento público.

El empresariado señaló que la extorsión y el cobro de piso han dejado de ser prácticas marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios.

“No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va,” declaró la Confederación.

En lo que va del año, México ha registrado ocho mil 585 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento del 5.2 por ciento respecto al año anterior, situación que es más crítica en la frontera, donde el 11.8 por ciento de las víctimas se concentran en los 43 municipios fronterizos y el delito creció un 15.2 por ciento respecto al año pasado, precisó el organismo.

“Estas cifras no consideran la cifra negra, es decir, la falta de denuncia generada por la desconfianza social ante la sospecha de colusiones y represalias. Esto confirma que la extorsión crece sin freno, sin consecuencias y sin una respuesta proporcional del Estado”, apuntó.

Por ello, hizo un llamado a todos los sectores para trabajar conjuntamente en la restauración del Estado de Derecho, asegurando que, sin presencia estatal efectiva y justicia, la libertad económica y la convivencia pacífica son imposibles.

Aseguró que la erradicación de la impunidad a través de una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno es el único camino para detener el avance de la delincuencia organizada que se financia a través de la extorsión.

(LectorMx)