Mérida, Yucatán.- Dos estructuras habitacionales prehispánicas resultaron dañadas en la zona arqueológica de Tzemé, municipio de Kinchil, aunque no el núcleo central del antiguo asentamiento maya, debido a construcción ilegal del Grupo Crío.
Este fue el diagnóstico del Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH) en el procedimiento administrativo de investigación para el deslinde de responsabilidades.
El encargado del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Yucatán, Alejandro Escobedo Escalante, señaló que al final de las diligencias se determinarán acciones legales que aplicarán por afectaciones al patrimonio arqueológico, ya sea sanción o denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Mencionó que tras la denuncia de los ejidatarios de Kinchil, “como primer instancia, el Instituto tomó la medida de suspensión de obra a través de una visita de verificación, se hizo constar el avance de los trabajos, donde un arqueólogo efectuó el respectivo peritaje”.
Así, se determinó que el área principal del sitio está a 700 metros de donde la empresa avícola proyecta infraestructura.
Días después se realizó una segunda visita de verificación por una demanda de continuación de obra pese la suspensión establecida por la dependencia federal.
“Se constató que no había obra en curso y no había maquinaria, por lo que se levantó un acta, la cual se ofreció en el juicio”, puntualizó.
Escobedo Escalante remarcó que el polígono que ocupa Tzemé está aislado de la parte de las obras de Crío.
“Lo que sí se detectó en ese momento fue que se arrasaron dos basamentos habitacionales, los cuales son susceptibles de realizar un rescate arqueológico, situación que determinará el especialista encargado del peritaje”, subrayó el entrevistado.
“Actualmente se está en la etapa probatoria, en la que recepcionan las pruebas periciales, y con bases a las cuales se determinan las acciones al final del procedimiento”, abundó.
En cuanto a la postura de habitantes de la comunidad de Kinchil quienes optaron por un amparo y señalan al INAH como la autoridad responsable, expresó que están en su derecho.
El funcionario se disculpó de no poder ofrecer más detalles hasta que se dicte la respectiva sentencia, la cual –ofreció– será pública.
El 12 de noviembre, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron las actividades de ampliación de una granja avícola perteneciente a la empresa Productora Nacional de Huevo, ubicada en Kinchil, por carecer de la autorización correspondiente en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con los campesinos, la irregularidad afectó una superficie de 13.7 hectáreas y provocó daño evidente a la selva baja caducifolia.
En el operativo de entonces también participaron especialistas del Centro INAH-Yucatán.
(Didier Madera)
