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Reprueba Indignación proyecto de Escudo Yucatán

Ante el anuncio de un conjunto de medidas de seguridad presentadas por el Gobierno del Estado de Yucatán bajo el nombre de “Escudo Yucatán”, quienes integramos el Equipo Indgnación manifestamos nuestra preocupación por la ausencia de un enfoque basado en el pleno respeto a los derechos humanos, así como por las posibles consecuencias negativas en esta materia. Esta preocupación es mayor en un estado como Yucatán, en el que lamentablemente la tortura es una práctica sistemática y en el que se garantiza impunidad a quienes la perpetran.

De igual manera advertimos contra el riesgo de utilizar una legítima preocupación ciudadana, como lo es la seguridad, sobre todo en el actual contexto de crisis nacional en esta materia, para proponer un programa que resulte más costoso que eficiente, poco transparente, sin mecanismos de control y quizá con una intención más publicitaria que veraz al enfrentar el complejo fenómeno de la delincuencia y la seguridad.

Tecnología para investigar y vigilar

El Gobierno del Estado no ha dado detalles sobre el tipo de equipo para monitorear y vigilar que será implementado con la excusa de que hacerlo pondría en riesgo el Escudo. Se habla de procesar, almacenar y analizar información. Sin embargo, preocupa no sólo que no se especifique en qué consistirá esto, sino que, ante ésta falta de certeza, tampoco hay manera de determinar si los mecanismos existentes a nivel local son suficientes, adecuados y efectivos para que las y los ciudadanos puedan protegerse ante intervenciones en sus comunicaciones ilícitas. Recordamos que hace menos de un año una filtración de documentos de la empresa italiana Hacking Team señaló al Gobierno de Yucatán como uno de sus principales clientes en México. Preocupa por supuesto la posibiliad de que se contraten servicios de inteligencia para espiar, monitorear y grabar llamadas, correos electrónicos y otros medios de comunicación de ciudadanos.

Ante la falta de transparencia de este contrato, el temor de que incluya acciones de espionaje y la falta de detalles sobre los servicios y equipo que, además de cámaras, se incluiría en el Escudo Yucatán, nos preocupan las implicaciones que podría tener para las y los habitantes en su derecho a la privacidad. Reconocemos que las medidas de seguridad pueden disponer de cierta información reservada para su funcionamiento, pero esta reserva debe ser proporcional, estar sujeto a mecanismos de control para derogarla en caso de así ser necesario y otorgar, al menos, pautas generales para que la población sepa en qué se utiliza el dinero público y, en su caso, poder combatir por vía judicial las medidas que considere le afectan en su privacidad.

Atención a víctimas

Se incluye una iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la cual ya había sido ordenada por el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán en sentencia emitida este año. Sin embargo, no se dan detalles sobre su contenido. Nos preocupa que la ley planteada sea una réplica de la Ley General de Víctimas a nivel federal, la cual ha sido cuestionada y criticada ampliamente. En informe presentado este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el diseño de la Ley General de Víctimas “choca” con leyes ya existentes, haciendo del acceso a la reparación un verdadero laberinto burocrático, donde no queda claro qué institución hace qué.

Actualmente, existen 13 leyes en Yucatán que hacen referencia en distintos grados a las víctimas y su reparación. Agregar sin mayor cuidado una ley de reparaciones a violaciones a derechos humanos a partir del esquema trazado por la Ley General de Victimas generaría un efecto “laberinto”, el cual aumentaría la burocracia y la re-victimización en contravención de los objetivos para los cuales piensa crearse.

De esas 13 leyes, 7 de ellas crean un Comité Técnico Interinstitucional o un Consejo encargado de su implementación y cumplimiento. No sólo preocupa que muchos de esos Comités y Consejos son establecidos de manera casi idéntica en algunas de esas leyes, distinguiéndose únicamente por menciones sin sustancia a la temática de cada ley, sino que son conformados por distintas autoridades de alto rango de los tres poderes del estado. No son idóneos para garantizar la reparación a víctimas en casos concretos. Muchas de las leyes enlistadas no poseen mayor mecanismo de implementación que la articulación de esos Comités o Consejos, resultando en herramientas blandas para leyes que presumen un contenido generoso.

Esos Comités o Consejos presentan dos obstáculos importantes. Por un lado, la incapacidad operativa para que autoridades de alto rango, además de dedicar tiempo y recursos a las múltiples actividades que de por sí ya poseen, puedan dedicarse personalmente a atender materias especializadas, de suma importancia y cuyo contenido es tan variado que no puede ser abordado de manera superficial.

Por otro lado, la sobre-representación de distintas autoridades de los tres poderes del Estado le resta independencia, sobre todo cuando los victimarios de las violaciones a derechos humanos sean algunas de las autoridades conformantes del Comité o Consejo encargado de reparar a la víctima o garantizarle algún derecho relacionado con la reparación.

¿Quién va a reparar qué? ¿En qué se diferenciará de la Ley de atención y protección a las víctimas del delito para el Estado de Yucatán? ¿Cómo definirá que alguien es una víctima de derechos humanos y cómo se diferenciará de la víctima del delito? Si bien coincidimos en la importancia de contar con esa ley, nos preocupa la laxitud con la que se presenta una propuesta sin atender a la armonización que necesita con las leyes ya existentes y respondiendo esas dudas necesarias para no reproducir los errores de la Ley General de Víctimas.

Escudo Yucatán: en contradicción con la reforma penal del 2008

El nuevo sistema de justicia penal, acorde con una tendencia mundial, tiene entre sus novedades evitar que cualquier delito llegue a juicio, privilegiando la conciliación entre las partes en delitos que no son graves y priorizando la persecución judicial de los delitos que, por su gravedad, no pueden estar sujetos a un arreglo (homicidio, feminicidio, violación, pornografía infantil, entre otros).

Sin embargo, entre las reformas presentadas se pretende calificar como grave el delito el “robo a casa habitación”, según fue destacado en distintos medios. Esto implicaría que cualquier persona que robe sin violencia alguna y sin importar el monto, pasaría todo el juicio sin derecho a libertad bajo caución. Esta medida va en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos que limitan la prisión preventiva únicamente a los casos en los que haya peligro de que el sospechoso pueda causarle daño a alguien o haya peligro de que escape de la justicia.

Además, hay que recordar que, por definición, tener derecho a llevar un juicio fuera de una celda implica pagar un monto que, en su caso, pueda reparar el daño. Es decir, no es proporcional la medida, no previene la comisión de delitos, ni otorga más facilidades a las víctimas para acceder a la reparación. Sí, en cambio, podría criminaliza la pobreza, entra en contradicción con el nuevo sistema penal tan celebrado por el mismo Gobierno del Estado y fomenta la idea de que el derecho penal sirve para administrar la venganza.

Se busca, además, aumentar las penas de los delitos de abuso sexual contra menores y la falsedad de declaraciones ante una autoridad. El endurecimiento de penas en sí mismo no es suficiente para prevenir delitos. En cambio sí tiene gran relevancia la impunidad y, lamentablemente, sobre ese doloroso tema no hay propuestas para enfrentarla y reducirla.

Resulta poco creíble que el Gobierno afirme estar dispuesto a hacer todo para garantizar la justicia y seguridad en el estado, cuando sigue impune el homicidio de Roberth Tzab Ek, cometido en los separos de Tekax en circunstancia que hacen presumir tortura policial. Hemos acompañado casos de violencia sexual contra menores de edad que permanecen impunes y cuyo camino por las fiscalías y juzgados penales en busca de justicia resulta un verdadero calvario.

Hace falta una mejor administración dentro del Poder Judicial, no sólo en el ámbito penal, debido al gran rezago y desorganización que ha caracterizado su actuación en los últimos años. Hace falta dotar de plena independencia a la Fiscalía para que los casos en los que se vean implicados oficiales puedan ser investigados imparcialmente. Hace falta otorgar más recursos para descentralizar la justicia en el estado, dando funcionarios de municipios fuera de Mérida mejor capacitados y con mejores herramientas técnicas para investigar con los más altos estándares.

Transparencia en el proceso y en el presupuesto

El Escudo Yucatán pretende contratar la mayor deuda en la historia de Yucatán. No hay transparencia, ni claridad sobre el destino de los 1,500 millones de pesos que se destinarían para implementar las distintas estrategias. Las políticas públicas cuestan y no se debe escatimar en derechos y seguridad. Sin embargo, debe haber transparencia y claridad en los montos que pretenden destinarse para que la población pueda constatar que resulta justificable la inversión. Hasta ahora, ha habido reticencia al informar el destino de la deuda que se quiere asumir.

Asimismo, no se han difundido los documentos de las iniciativas presentadas. Ni el Gobierno del Yucatán, ni el Congreso del Estado, los han hecho públicos para que la población pueda conocer a detalles qué se está discutiendo realmente y qué implicaciones tendrá el Escudo Yucatán.

De manera general, externamos nuestra preocupación por las posibles repercusiones en materia de derechos humanos que podrían tener éstas y otras medidas. Hacemos un llamado a combatir la inseguridad a través de la justicia social, el acceso equitativo a la justicia en cada punto del Estado, la disminución de la brecha de desigualdad, el combate a la impunidad y fortaleciendo la independencia de los tres poderes en el estado.

Aunque se ha mencionado como parte de Escudo Yucatán una política social, eso se ha hecho de manera tangencial. Lamentamos el privilegio en el anuncio de medidas espectaculares sobre una estrategia basada en los más altos estándares en derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.

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