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La justicia que no llegó

A TIRO DE PIEDRA

Julian Santiesteban

Este jueves 15 de diciembre concluye el primer periodo de sesiones de la XV Legislatura del estado de Quintana Roo, sin que la justicia haya sido aplicada a Roberto Borge Angulo y sus “secuaces”, y con el cambio de roles que la alternancia trajo a la entidad, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se debaten entre la oposición y la negociación, y los antes opositores son ahora obedientes co gobernantes.

La actual legislatura generó amplias expectativas, al igual que el gobierno de Carlos Joaquín González, pues las promesas, luego del triunfo en las urnas, se centraron en revertir las normas del llamado “paquete de impunidad”, y posibilitar con ello la aplicación de la justicia a todos aquellos que desviaron recursos y vaciaron las arcas públicas, pero a días de que concluya su primer periodo el balance no es favorable; pues, en general, los diputados se han convertido en los más obedientes subordinados del mandatario estatal, y no sólo no ha llegado la justicia, sino que la renuncia del fiscal del estado, Carlos Álvarez Escalera, no cambiará las actuales perspectivas, pues sólo confirmará la subordinación del Legislativo al Ejecutivo, cuando se nombre al nuevo responsable de esa dependencia.

Múltiples han sido las comparecencias de ex funcionarios ante las comisiones del Congreso estatal, justificadas por las resistencias a entregar información clara y precisa sobre las irregularidades cometidas durante el borgismo, pero al final no hay resultados, sólo con escenas para rememorar, como la recomendación que hiciera el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, al ahora ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz, de que consiguiera buenos abogados para su defensa, la presión pública para que este tomara, frente a los legisladores, la dañina agua que distribuye la paraestatal, y las burlas perpetrada por el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, y la que fuera la directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, que acudieron a sus comparecencias, pero dijeron lo que quisieron.

Los diputados pagaron la “novatez” y aunque ante ellos compareció hasta ahora en tres ocasiones el ex director de la empresa de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., Carlos Acosta Gutiérrez, los legisladores siguen sin concretar un solo expediente que permita la sanción a algún ex colaborador de Borge Angulo o al ex mandatario mismo. La XV legislatura, en contraparte, ha avalado todas las peticiones del Ejecutivo, creando nuevos impuestos, o prometiendo agua potable a comunidades olvidadas por la anterior administración estatal, pero ni siquiera han aprobado iniciativas personales como la eliminación del fuero a autoridades estatales, incumpliendo al final con la razón misma de su mandato: la representación de los intereses ciudadanos.

Pero el ejercicio legislativo también ha estado marcado por apetitos personales de los diputados, lo que ha generado rupturas reales entre las fracciones que llevaron a Carlos Joaquín a la gubernatura, pues la protesta de unos mil taxistas en el Congreso “movidos” por el perredista Emiliano Ramos Hernández y su hermano Alejandro, director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), obstaculizó el proyecto de ley de movilidad que los panistas como Fernando Zelaya Espinosa y Eduardo Martínez Arcila ya preparan con el aval del gobierno estatal, por lo cual hubo fuertes disputas internas que no han sido zanjadas, y esa ruptura constituye el balance real del primer periodo legislativo: alejamiento entre los aliados originales e impunidad hasta ahora para quienes depredaron la entidad.

Por cierto, está pendiente también la renuncia del auditor superior del estado, Javier Zetina González, y la del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, temas que, en su momento también deberán atender los actuales diputados, y en ello tendrán la oportunidad de demostrar la independencia de poderes ¿lo harán?

Esta semana que inicia, los legisladores aprobarán el paquete fiscal 2017, nombrarán al nuevo fiscal estatal y concluirán la primera etapa de su encargo con un reacomodo interno de fuerzas. En teoría, después del 15 de diciembre debieran regresar hasta febrero del próximo año a laborar, aunque seguramente aprobarán la realización de por lo menos un periodo extraordinario; pero lo cierto es que los diputados quintanarroenses no cumplieron con lo prometido, y además aprobaron impuestos y cobros que agravian a la sociedad, excepciones hay en el desempeño de algunos panistas como Zelaya Espinosa y Martínez Arcila, pero en general, los quintanarroenses siguen esperando la promesa principal: justicia; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.

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