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¿Pacto Carlos Joaquín-Roberto Borge?

 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Los reclamos del empresario Carlos Mimenza Novelo al gobernador Carlos Joaquín González parecían resumir las mismas demandas de todos los quintanarroenses: Voté por él por una promesa de campaña, en el sentido de que no habría borrón y cuenta nueva, e iba a encarcelar a todos los personajes involucrados en actos de corrupción, “pero llevamos 5 meses y no he visto a nadie en la cárcel”.

El empresario estaba siendo entrevistado por primera ocasión por un medio informativo nacional, a través del programa “Contraportada”, con Carlos Loret de Mola, quien, ante las muestras de impunidad del ex gobernador Roberto Borge, le preguntó sobre la posibilidad de que éste hubiera pactado con el gobierno de Carlos Joaquín.

-No puedo decirlo porque no tengo las pruebas; soy una persona que cuando dice algo es porque tengo las pruebas en la mano. Yo quiero creer todavía en Carlos Joaquín, deseo creer en Carlos Joaquín, pero creo que también ya se le está acabando el tiempo, creo que no sólo se trata de encarcelar a todos estos rateros, sino que también tiene que hacer una “limpia”, advirtió.

Y es que, ante la lluvia de denuncias contra el ex mandatario y la aparente pasividad de las autoridades, la sospecha generalizada es de un posible “pacto” gobierno Carlos Joaquín-Roberto Borge, sobre el cual Carlos Mimenza opinó: “Yo no sé si al llegar al poder… yo entiendo. Ya es hora de ver… te repito, yo sigo creyendo en Carlos Joaquín, pero creo que ya tiene el tiempo contado también”, reiteró.

Por otro lado, tal y como apuntara el empresario, “la tibieza con la que está actuando el gobierno federal no tiene nombre; la impunidad en México es un escándalo; nadie va a la cárcel” Y tiene toda la razón del mundo, ya que, según diría textualmente, “hay cientos de involucrados y nadie ha hecho absolutamente nada, ni el gobierno federal ni el estatal”.

Y conste que uno de los principales argumentos para pensar en el eventual “pacto” es precisamente el sospechoso silencio de la Fiscalía General, que no ha dicho ni media palabra en torno a las investigaciones de su competencia sobre las millonarias desviaciones de recursos públicos que enriquecieron a no pocos ex funcionarios, en una corrupción generalizada sobre la que se ha denunciado multitud de ocasiones en diversos medios.

Lo curioso del caso es que tanto Carlos Joaquín como parte de la XV Legislatura lucharon a brazo partido para expulsar a Arturo Álvarez Escalera de la Fiscalía, ante su aparente parcialidad en las “investigaciones” contra el ex mandatario. Consiguieron su objetivo a medias, ya que, entre una docena de candidatos, impusieron a un sucesor aparentemente “a modo”, el cuestionado Miguel Ángel Pech Cen.

Decimos aparentemente porque, tanto el PAN como el PRD, que impulsaron la candidatura de Carlos Joaquín a la gubernatura, fueron los únicos que propusieron inicialmente como candidata común a la entonces encargada del despacho de la Fiscalía, Lili Campos Miranda, mientras que la segunda alternativa del blanquiazul fue Pech Cen; la del PRD, María Araceli Andrade Tolama.

Luego entonces, nos preguntamos, ¿Por qué insiste la Fiscalía en permitir sospechas sobre su aparente apatía en las investigaciones contra Borge y sus cómplices? ¿Esas son las instrucciones? ¿Existió algún “acuerdo” para su posterior unánime nominación?

Inclusive, el funcionario de marras evade el tema de las supuestas “investigaciones”, diría él que por una secrecía, pero nada justificable ante un tema tan público como polémico.

Para nadie es un secreto que la PGR podría haber recibido órdenes del presidente Peña Nieto o del Secretario de Gobernación para no proceder contra el ex gobernador, pero ¿Por qué la Fiscalía tampoco hace nada, aparentemente nada, al menos hasta hoy, y menos, según todo hace suponer, ante su sospechoso silencio?

Por si fuera poco, también tendríamos que preguntarnos ¿por qué tampoco hacen nada, por lo menos escándalo sobre el tema, los legisladores federales “afines” a Carlos Joaquín? Nos referimos a la senadora del PRD, Luz María Beristaín Navarrete, y a los diputados federales Isaura Ivanova Pool Pech (PRD) y Patricia Sánchez Carrillo (PAN)

A la lista de probables apoyos también podríamos agregarle el nombre del senador panista yucateco Daniel Ávila Ruiz, quien, pese a no ser oriundo de Quintana Roo, destacó en la campaña de Carlos Joaquín como importante impulsor del candidato de su partido.

Al igual que él, habría que sumarles la lista de panistas y perredistas de las dos Cámaras, habida cuenta de que sus respectivos partidos fueron los que pugnaron por la candidatura del ahora mandatario, y tendrían el compromiso, por lo menos moral o político, de apoyar sus denuncias ante el Congreso de la Unión.

Finalmente, aunque, al menos en teoría, es presidente de todos los mexicanos, el priísta Peña Nieto tiene la o-bli-ga-ción de responder a los públicos reclamos de Quintana Roo en materia de justicia contra Borge, tal y como, por lo menos en apariencia, procedió contra Javier Duarte en Veracruz, pese a que en ambos casos no se trata de gobiernos emanados del PRI.

No sabemos si sea porque éste último caso no “huela” para nada al PRD, como sí lo es el caso de Quintana Roo, donde no se le ve absolutamente ningún interés en poner los puntos sobre las “íes” y poco le importa lo que la gente piense de él, tal y como ha sido recurrente durante todo lo que va de su oscuro sexenio.

Para rematar, sólo habría que ver el “papel” de la PGR para frenar la delincuencia organizada en Cancún y Playa del Carmen: Cero resultados.

En ambos casos -la impunidad de Roberto Borge y el narcotráfico-, preferiríamos estar equivocados y que el tiempo NO nos diera la razón.

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