Mérida, Yucatán.- La lucha contra los cultivos de transgénicos en la Península de Yucatán enfrenta desafíos, dudas y limitaciones.
Así se resume lo expuesto en el primer “Foro de Consulta indígena maya sobre la siembra de soya transgénica” que se llevó a cabo la noche del lunes.
Organizado por el Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C., y el Colectivo MAOGM, la reunión abordó los alcances de la Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de hace dos meses y medio.
También la situación actual de los productores y las perspectivas para la apicultura frente a la amenaza que constituyen los transgénicos.
Pablo Monroy Gómez, magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito; Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación y miembro de MAOGM, y con Jorge Chan, apicultor de Yucatán, fueron los ponentes.
La estructura temática del encuentro:
-El desarrollo del proceso legal desde sus inicios hasta la actualidad con la Sentencia de la SCJN (Jorge Fernández Mendiburu)
-El significado de hacer una consulta, las garantías recogidas en el Convenio 169 de la OIT, limitaciones, ventajas y experiencias de otros pueblos originarios. (Pablo Monroy Gómez)
-Implicaciones de la siembra de soya transgénica para las comunidades mayas de la Península de Yucatán. (Jorge Chan)
Fernández Mendiburu refirió que el proceso legal comenzó en 2012 cuando Sagarpa concedió permiso para la siembra de soya transgénica en 253 mil hectáreas repartidas entre la Península de Yucatán, Chiapas y la Planicie Huasteca.
Según planteó, este hecho tiene que ver con el modelo de desarrollo al que el gobierno está apostando desde la época de Salinas de Gortari.
Los amparos que presentaron apicultores junto con organizaciones de la sociedad civil y empresarios, tuvieron principalmente dos ejes: el impacto ambiental (las tres instituciones especializadas habían desaconsejado la siembra de soya transgénica en los polígonos solicitados) y la cuestión indígena, ya que las comunidades mayas deberían haber sido consultadas por las implicaciones que la siembra de soya transgénica tiene en sus formas de desarrollo.
Tras un lapso que abarcó todas las instancias legales, el 4 de noviembre la Segunda Sala de la SCJN decretó que se suspendiera la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán en lo que se realiza consulta indígena.
En el análisis del dictamen, que aún no ha sido publicado en su totalidad, quedan muchas dudas y limitantes.
“Por un lado, no incluye el interés legítimo y únicamente habla de interés jurídico, de tal manera que sólo se consultará a las comunidades de los quejosos, dejando de lado todas las demás comunidades donde se siembra soya transgénica.
“Tampoco hace mención del impacto ambiental, cuando era un momento histórico para que se hiciera efectivo el principio precautorio”, indicó Fernández.
Además, la resolución olvida el derecho a la autodeterminación, que no se puede entender sin territorio, recursos naturales, etc.
El magistrado Pablo Monroy recalcó la importancia de no olvidar que se trata de un asunto de derechos humanos, y que la mención de la Sentencia como derechos fundamentales está acotando esta perspectiva.
Esto es importante ya que dentro del reconocimiento de que son derechos humanos no cabe la opción de únicamente reconocer el interés jurídico sin el interés legítimo, que en este caso tiene la particularidad de ser un interés colectivo, ya que en las formas de organización indígena el individuo se entiende dentro de la colectividad. A su vez, este reconocimiento recuerda que los derechos humanos abarcan un contenido ético y no sólo jurídico.
Por ello, los ponentes advirtieron que el procedimiento no se puede quedar únicamente en la consulta, debe ir más allá, ser vinculante y reconocer el derecho de libre autodeterminación, por el que los pueblos originarios deben participar en las decisiones que afecten sus formas de vida y de desarrollo.
Jorge Chan, apicultor y miembro de una cooperativa de producción orgánica de miel, compartió su visión sobre el impacto directo de la soya transgénica en las comunidades mayas de la región.
La apicultura se está viendo en peligro, ya que, como señala, “el polen de la soya puede volar, irse por el viento y contaminar nuestra miel orgánica”, comentó.
Esto supone un gran impacto en la economía de miles de apicultores, que deben etiquetar si la miel contiene trazas de organismos genéticamente modificados, lo que reduce enormemente su precio o lleva a que no se venda.
Mostró preocupación por la continuidad de la apicultura, ya que la siembra de soya transgénica está trayendo numerosos impactos como el desmonte, pérdida de flora, muerte de abejas, etc.
El representante de la etnia local alertó que la desaparición de la apicultura sería un desastre para el pueblo maya, “ya que es nuestro oficio ancestral”.
Por la importancia que tiene, reivindicó la necesidad de que la consulta cumpla con las garantías recogidas en el Convenio 169 de la OIT y respete plenamente los derechos de los pueblos mayas.
La moderación del evento estuvo a cargo de Rodrigo Llanes, presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán.
(Fotos: Claudia Novelo)
