Mérida, Yucatán.- La ratificación de Miguel Diego Barbosa Lara como Magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, dividió hoy a las bancadas representadas en el Congreso del Estado.

Por el voto de los diputados del PRI, PVEM, PRD y PANAL, el polémico servidor público fungirá por otros nueve años en el cargo, a pesar del rechazo de las fracciones del PAN y de MORENA.

Barbosa Lara es vinculado con resoluciones favorables a gasolineras objetadas por ciudadanos en la capital yucateca y con una postura inclinada hacia la empresa AB&C Leasing en su demanda contra el Ayuntamiento local, además de un actuar político-partidista.

De acuerdo con opositores al dictamen, desahogado en apenas dos días, se omitió tomar en cuenta las reformas a la Constitución del 20 de mayo de 2015 relacionadas con el sistema anticorrupción.

En su artículo transitorio octavo, párrafo tercero, dichas reformas plantean la renovación de los tribunales de lo contencioso administrativo, independientemente a su denominación, dejando exclusivamente por el tiempo por el que habían sido nombrados los magistrados.

Moisés Rodríguez Briceño, de la bancada del PAN, fijó la postura en contra de su fracción y en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Argumentó que el asunto requería de un análisis a conciencia.

“No se permitió o no se quisieron escuchar más voces que las que de antemano sabían lo que iban a hacer y decir”, reprochó.

“Sin duda, algo muy rápido lo que nos hace preguntarnos: ¿Cuál es la prisa?

Acusó que dictamen es fruto de un proceso de elaboración apresurado y que adolece de irregularidades jurídicas que nacen precisamente de la no observancia de las disposiciones de la Constitución federal.

Elías Lixa Abimerhi, del PAN, repudió el “fast track”, el madruguete, la práctica legislativa, de pasar de manera fugaz los acuerdos sin entrar al debate pormenorizado, a las razones pormenorizadas.

“De hoy al 2025 estaremos condenando a la ciudadanía a mantener un lastre de la justicia en Yucatán”, advirtió.

“Tenemos razones suficientes, razones claras, razones ciudadanizadas para tener clara la distinción de que el actuar no es legal, profesional ni ético. Son los principios que deben de regir esta decisión”.

Sostuvo que se ignora, se evade y elude un principio constitucional, el del sistema anticorrupción.

A su vez, Jazmín Yaneli Villanueva Moo,  de MORENA, externó su voto en contra y refirió que se necesita de democracia para la toma de decisiones.

Consideró también que se requiere de un análisis más profundo, mismo que no le fue posible realizar a falta de tiempo.

Al igual que los priistas, David Abelardo Barrera Zavala, del PRD, defendió la labor de Barbosa Lara, al referir que de 203 resoluciones emitidas sólo 3 fueron revocadas, lo que significó una efectividad del 98.5 por ciento y refleja un trabajo impecable.

La Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de la LXI Legislatura, Celia María Rivas Rodríguez (PRI), alegó en entrevista que los diputados deben actuar conforme a la Ley y antes de cuestiones políticas se debe atender cuestiones de carácter jurídico y de beneficio para los ciudadanos.

“Tanto en comisiones, como en el Pleno de este Congreso, así como por parte del Poder Judicial la ratificación fue analizada puntualmente y hemos dado nuestro voto teniendo como antecedente la productividad y eficiencia del Magistrado”, dijo.