Mérida, Yucatán.- El especialista en Derecho Penitenciario, José Zaragoza Huerta, afirmó que las prisiones mexicanas se encuentran en situación de colapso, ya que, afirmó, el crimen organizado y grupos de delincuentes ejercen en ellas un control externo e interno
Por la acción de esos grupos delincuenciales las penitenciarías y los centros de rehabilitación social del país se encuentran afectados por la corrupción y la coacción en perjuicio de los derechos de los sentenciados, resaltó el destacado consultor en la materia.
Durante su participación en la mesa panel “Derechos humanos y políticas públicas”, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Zaragoza Huerta indicó que la delincuencia amenaza y corrompe a los custodios y a los directivos de los penales.
Citó el caso de Joaquín Guzmán Loera alias “El chapo”, quien al parecer detentaba mayor poder que el Estado Mexicano a fugarse en dos ocasiones de penitenciarias de máxima seguridad.
El ponente, licenciado y maestro en Derecho de la Universidad Michoacana, con doctorado de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, indicó que la pena privativa de libertad es también afectada por una serie de adversidades entre ellas la explotación laboral, la sobrepoblación y la carencia de una clasificación penitenciaria, así como la ausencia de un sistema integral de rehabilitación.
El autor del libro el nuevo sistema penitenciario de reciente edición aseveró que existen diversas reglamentaciones y recientes reformas constitucionales en 2008 en la materia, sin embargo, dijo, existe un distanciamiento entre la realidad y la norma lo que redunda en la ineficacia de la prisión mexicana.
El experto explicó que la eficiencia del sistema penitenciario se mide y se ratifica con el respeto a los derechos humanos de los internos, los bajos índices de reincidencia y de corrupción, así como de los quebrantamientos de permisos de salida.
Expuso que ante este virtual fracaso del sistema carcelario el sistema mexicano no debe mostrarse ajeno a dicha realidad. Las autoridades deben entender y atender la importancia de la reincorporación social de los internos como una política pública prioritaria, lo que repercutirá en la disminución de los índices de reincidencia y aumentará la credibilidad de la institución.
El experto aseveró que un proceso jurídico no termina con una sentencia, al contrario, va más allá. Explicó que la moderna ejecución de la pena privativa de la libertad tiene como prioridad la reinserción social del penado o sentenciado.
Insistió en la importancia de tomar en cuenta la consecución de la resocialización de los internos sentenciados y, de esta manera, garantizar la efectiva protección de sus derechos humanos, de la misma manera en que se deben de atender los derechos de las víctimas, tan importante, dijo, una como la otra.
(Jesús Mejía)
