Mérida, Yucatán.- El grupo de trabajo que analizará la posibilidad de decretar Alerta de Género en Yucatán quedó integrado.
Sandy Muñoz Miranda, de la Universidad Autónoma Metropolitana; Cynthia Gómez Gallardo, representante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; María Regina Carrillo Ramírez Valenzuela, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y Rossana de Guadalupe Achach Cervera, de la Universidad Marista, tendrán a su cargo el estudio respectivo.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Atención para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) publicaron los resultados de la convocatoria respectiva y los nombres de las elegidas por el Comité de Selección.
La diputada local Beatriz Zavala Peniche informó que estas investigadoras se darán a la tarea de analizar la solicitud que plantearon distintas organizaciones de derechos humanos a la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Dicha medida no sería de carácter alarmista, sino un llamado a todas las autoridades de todos los ámbitos del Estado a que cumplan con sus funciones, que se eviten omisiones y se evite el grave delito del feminicidio”, dijo la panista en tribuna del Congreso local.
Refirió que el procedimiento se lleva a cabo con apego a lo establecido en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
Esta disposición legal establece que el grupo de trabajo debe contar con cuatro representantes de instituciones académicas especializadas, de las cuales dos serán de universidades ubicadas en la entidad federativa en cuestión, en este caso Yucatán.
Durante la sesión del pleno, en el apartado de asuntos generales, expresó la preocupación generalizada por los crímenes ocurridos en contra de mujeres.
El 23 de junio, a escasas horas del feminicidio contra Jessica Esmeralda Cano Baas, de 25 años de edad, en una plaza comercial y a plena luz del día, un colectivo entregó la petición en la Segob.
Los firmantes son Nancy Walker Olvera, Ciencia Social Alternativa A.C. y Kóokay A.C.; Bertha Elena Munguía, Centro de Apoyo Solidario Documentación CASDE A.C.; Layda Rodríguez Torres, Ni Una Más, A.C.; Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Pablo Rojas, de Yucatán Feminicida A.C.
También suscriben las doctoras Gina Villagómez Valdez y Ligia Vera Gamboa, investigadoras de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Hubo mención en ese entonces de los feminicidios más sonados en Yucatán, en particular el crimen de Emma Gabriel Molina Canto, a quien el Ejecutivo estatal “jamás otorgó protección”.
Yucatán ocupa el cuarto lugar de violencia ejercida alrededor de las relaciones pues afectivas, matrimoniales, hogareñas, presentes o pasadas. Casi el 26 por ciento de mujeres recibe violencia física, mientras que un 11 por ciento habla de una violencia sexual.
CASO EMMA GABRIELA
Por separado, senadoras y diputados federales del PAN acompañaron esta tarde a la señora Ligia Canto Lugo a una reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk, para conocer avances en las investigaciones del asesinato de Emma Gabriela.
Estuvo presente Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República.
Los legisladores Joaquín Díaz Mena y Kathia Bolio Pinelo, solicitaron a Aldecua Kuk que intervenga ante el Poder Judicial para que Canto Lugo pueda obtener la custodia total de los menores.
Al delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Yucatán, Omar Pacho Sánchez, quien estaba en la junta, le pidieron gestiones para que se emita una constancia a favor de la madre e hijos de Emma Gabriela y los proteja la Ley General de Víctimas.
“Hay una bolsa aprobada este año de 2 mil millones de pesos para las víctimas, por lo que la señora Ligia y sus nietos pueden acceder a recursos de ésta para la reparación del daño y para que puedan pagar asesoría jurídica durante este proceso”, comentó Díaz Lizama.
(Fotos: archivo)
(Jesús Mejía)
