Cancún, Quintana Roo.- El ex gobernador Roberto Borge Angulo enfrentará tres cargos penales en Quintana Roo, una vez cumplida su extradición a México en los próximos días.

El ex mandatario será procesado y enjuiciado por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública del Estado de Quintana Roo.

Ello, según confirmó hoy la Fiscalía General de Estado (FGE), derivado de los tres procedimientos penales del fuero común integrados por esa corporación.

“Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004”.

El 4 de junio del 2016, el imputado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá, cuando pretendía viajar a Europa.

La captura se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión  del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

Por ese expediente, Borge Angulo tiene vigente la suspensión del mandamiento judicial.

La FGE, precisó en un comunicado, que mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo, logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio respectivo.

No obstante se interpuso un nuevo recurso, con la finalidad de incrementar la garantía en relación al daño causado a la administración Pública Estatal.

El Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, tendrá que resolver la materia.

La FGE de Quintana Roo citó que la garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra hasta el día de hoy no ha sido cubierta, por lo cual puede ser puesto a disposición de los Jueces del Estado, una vez que sea trasladado a México.

“Mediante la correcta integración de los tres procedimientos del orden penal en contra del ex servidor público en mención, se contabilizó un quebranto patrimonial hacia el Estado de tres mil millones ciento cuatro mil ochocientos veintitrés doscientos setenta y nueve pesos en moneda nacional”, detalló. 

(LectorMx)