Mérida, Yucatán.- Activistas exigieron al Congreso del Estado que publique los criterios que utilizaron para seleccionar a los consejeros del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Al menos 5 integrantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) de Yucatán dieron una rueda de prensa para anunciar la entrega de una “Carta Abierta” al Congreso del Estado, en la que exigen “aclarar”:

  • Criterios para designación de los consejeros
  • Trayectoria a favor de la transparencia y a Derechos Humanos
  • Estándares para “puntuar” a los elegidos

En el encuentro con la prensa, cuestionaron en particular la elección de Doris Candila Echeverría, quien, después de su gestión en el Ayuntamiento de Mérida, fue inhabilitada por 3 años para ocupar cargos públicos, plazo que ya cumplió.

También hablaron del caso de Germán Rivas Coral, a quien acusaron de que cuando tuvo un cargo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), protegió al hoy excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mauricio Sahuí Rivero, de denuncias por actos anticipados de campaña.

Georgina Villagómez Valdez, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), dijo que los nombramiento en la Codhey e Inaip, por parte del Congreso del Estado, son “a punta del iceberg de un problema estructural grave: una simulación comandada por el (Poder) Ejecutivo, es decir, el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Denunció arreglos entre diputados panistas y priistas que votaron mayoritariamente a favor de personas que no tiene probada experiencia en derechos humanos; en ese sentido, dijo que las 5 activistas que solicitaron el año pasado la alerta de género para Yucatán pidieron su inclusión en Derechos Humanos.

Para su sorpresa, no sólo no fue seleccionada ninguna de las 5, sino que recibieron un bajo número de votos, a pesar de que sustentaron su experiencia en Derechos Humanos. Así, el número de votos a favor de casos como el de Candila Echeverría, mostraron que el voto estaba pactado.

“Este es un llamado de atención a develar qué es lo que está detrás de estos nombramientos”, dijo Villagómez, calificó a la Codhey, Inaip y Vicefiscalía Anticorrupción como un sistema “omiso, supedidato, obediente y sumiso al Poder Ejecutivo”.

Ligia Vera Gamboa, también investigadora de la Uady, dijo: “Los legisladores tienen que entender que se deben a una sociedad, cada vez mas consciente, que ejerce más la ciudadanía, ya no puede seguir engañándonos”.

Carlos Méndez Benavides, del Oasis “San Juan de Dios“, dijo que los nuevos consejeros fueron “ungidos”, no elegidos, porque sólo así se entiende que, a punto de salir del Gobierno, los que se van dejen a personas que “pueden ayudar a tapar lo que hicieron”.

Olga Moguel Pereira, exconsejera en Derechos Humanos del Estado de Yucatán, tras acusar a Rivas Coral, reiteró que ni siquiera el Congreso, encargado de elaborar las leyes, las respeta, y puso como ejemplo la página web del Legislativo, en donde sólo aparecen nombres y comisiones de los diputados, pero no tienen su trayectoria, a pesar de que la Ley de Transaparencia se los exige.

En el documento que entregaron al Congreso, aparecen 5 organizaciones no gubernamentales y 46 firmantes, entre investigadores, periodistas, activistas y académicos.