Mérida, Yucatán.- En una movilización que pretende ser nacional, jubilados y pensionados demandan la derogación del sistema de Administradoras de los Fondos de Retiro (Afore), porque ha propiciado corrupción, enriquecimiento de las financieras y han dejado sin pensión a más de 9 millones de adultos mayores del país.

La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados y Adultos mayores de la República Mexicana entregó hoy a la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana con proyecto de decreto mediante la cual exigen la derogación del actual sistema de pensiones que data de 1997 y crear una nueva ley y con ella el Instituto Nacional de Pensiones.

El representante de la organización en Yucatán, Pedro Quijano Uc, y la delegada del Frente Activista de Yucatán, Martha Rossel, indicaron que más de 700 organizaciones de jubilados y pensionados del país y 160 mil ciudadanos con su firma respaldan y promueven la iniciativa que fue entregada al Congreso de La Unión.

Quijano Uc explicó que el propósito es que los trabajadores en activo y en retiro tengan injerencia en el manejo y vigilancia de los fondos de ahorro y sea el Estado el que garantice el derecho pleno a una pensión digna a todos los adultos mayores del país, sobre todo a los indígenas y ejidatarios.

Expuso que durante más de 20 años las Afores han actuado en perjuicio de los trabajadores en activo y en retiro sin importar que el Artículo 25 de la Constitución establece que es el Estado el que debe tener la rectoría en las jubilaciones y pensiones, ya que forman parte de la seguridad social a la que está obligado proteger y garantizar.

En rueda de prensa, mencionó que muchos jubilados están recibiendo su sueldo o pensión con la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es menor a los 123 pesos diarios, lo que es a todas luces anticonstitucional, ya que dichas percepciones, dijo, deben cotizarse en salarios mínimos.

Otra de las propuestas incluidas en la iniciativa es que la pensión sea equivalente al 90 por ciento del promedio de ingresos de los últimos 10 años de cotización y que el 10 por ciento restante sirva para la creación de un fondo social.

La idea continuó es que el gobierno cotice los fondos de retiro en un 0.7 por ciento, los patrones en 8.7 por ciento y los trabajadores 4.0 por ciento.

Se plantea como requisito para obtener la pensión el alcanzar un mínimo de 60 años de edad y haber cotizado 30 años tal y como estaba en la Ley del IMSS de 1973 y del ISSSTE en 1983.

Recordó que el ISSSTE ha declarado que se encuentra en quiebra con alrededor de 53 mil millones de pesos como resultado del perjuicio que han causado los delegados de diversos estados al no canalizar las cuotas de los derechohabientes y sí favorecer campañas electorales de partidos.

Por lo anterior, también se pidió practicar una auditoría al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE para conocer en qué fueron invertidos los fondos de ahorro de los trabajadores durante los últimos 20 años.

A su vez, Martha Rossell fungió como portavoz de los jubilados del ISSSTE en Yucatán al exigir atención médica oportuna por los graves problemas de salud que padecen los pensionados, cuya irregularidad, apuntó, se ha incrementado en esta contingencia.

Reclamó que de manera directa se otorguen los créditos, pues el sorteo no siempre beneficia a los que más lo necesitan y se sumó a la exigencia de cancelar la UMA como referente para el cálculo pago e incremento a jubilados y pensionados.

Quijano Uc informó que en el 2014 se sometió a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa similar con el respaldo de 140 mil firmas, por lo que ahora, confió, esperan ser escuchados, ya que es tendencia en América Latina, como ya ocurrió en Argentina y Chile, revertir la privatización de los fondos de retiro.

(LectorMx)