Mérida, Yucatán.- El fraude simulado con el que se pretendió despojar de su vivienda a Basilia Pool Couoh y Gabriel Noh Chi quedó desbaratado y la pareja de mayahablantes regresó a su hogar este sábado.

Con evidente emoción y por momentos al borde de las lágrimas, los esposos –que no saben leer ni escribir– recuperaron el predio que durante 36 años construyeron con sacrificios.

“Felices, tranquilos”, repitieron en escaso castellano al regresar al domicilio, cuyos primeros cimientos pusieron trabajando duro y a base de mutualistas (tandas o ahorro informal).

Basilia y Gabriel, originarios de Cansahcab, estuvieron dos meses sin poder entrar al número 232 de calle 16 por 67 y 69 de Montes de Amé –al norte de Mérida– luego del desalojo en el que intervinieron policías estatales y peritos de la Fiscalía General del Estado.

Un nieto de ambos –de nombre Sergio– solicitó y obtuvo del licenciado Rubén de Felipe Jesús Osorio Paredes un préstamo por 11 mil pesos, sin pagarés ni papeles que acreditarán el adeudo y los abonos con intereses.

Mediante engaños, el 25 de octubre de 2019, en una oficina de la colonia Santa María Cholul, los adultos mayores firmaron documentos como avales, pero sin las características de estos sino como pacto de compra-venta.

Tiempo después, el agiotista alegó que había entregado 400 mil pesos.

Al intentar donar el bien a su hijo Carlos, Basilia y Gabriel se enteraron en el Catastro que ya estaba a nombre del licenciado Osorio Paredes, quien en complicidad con la suplente de la Notaría Número 94, María José Bolio Andrade, del municipio de Tizimín, había elaborado una escritura falsa.

La activista Ana María Ancona, junto con colaboradores y altruistas, asumió la defensa y recurrió al gobernador Mauricio Vila Dosal, a la secretaría de Gobierno, María Fritz Sierra, y al director jurídico del Gobierno del Estado, Gabriel Puc Maldonado.

Después de varias diligencias, el acusado aceptó un “acuerdo por mediación” y devolvió la vivienda a sus legítimos propietarios.

La casa cuenta con valuación catastral de dos millones 300 mil pesos y valor comercial de casi cuatro millones de pesos.

“Entonces, se puede hacer justicia, pero tenemos que alzar la voz, no podemos quedarnos callados”, afirmó Ana María.

Adelantó que continuarán investigando, ya que al parecer hay más casos de ese tipo en contra de personas de escasos recursos y sin conocimiento de sus derechos.

(LectorMx)