Mérida, Yucatán.- Por unanimidad, el Cabildo de Mérida avaló la minuta del decreto aprobado por el Congreso local el pasado 31 de mayo para impedir el nombramiento y/o asignación de servidores públicos responsables de violencia de género o sean deudores alimentarios.

La llamada “Iniciativa 3de3” implica prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva las conductas por acción y omisión que atentan contra los derechos humanos de las mujeres cometidas por funcionarios públicos, autoridades judiciales y por quienes legislan en distintos órdenes de gobierno.

Conforme al procedimiento del Poder Legislativo para hacer efectiva las modificaciones a la Constitución estatal, cuando menos la mitad de los 106 ayuntamientos de Yucatán más uno deberán respaldar la decisión mayoritaria del Legislativo.

“Con la aprobación por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Mérida esperamos que los demás municipios también se sumen, como ya lo hizo la comuna de Tixméhuac”, dijo la activista Ligia Vera Gamboa.

Manifestó su confianza de que una vez atendido el tema en Mérida también apoyen este procedimiento otros municipios, al menos un total de 54, que son los requeridos para hacerlo aplicable y vigente.

En entrevista, precisó que las disposiciones del caso no serán retroactivas.

La iniciativa 3 de 3 impedirá a cualquier persona que haya sido condenada o sancionada por violencia familiar o doméstica o por cualquier agresión de género en el ámbito privado y público pueda ocupar algún cargo en Yucatán.

De igual manera, se impide acceder a esos puestos a quienes han sido condenados o sancionados por delitos sexuales y contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

La minuta aprobada por el Cabildo también incluye el impedimento de desempeñar funciones públicas a quienes estén inscritos o tengan registro vigente como deudor alimentario moroso o que atente contra las obligaciones alimentarias de la niñez.

Vera Gamboa afirmó que es un paso adelante para lograr un estado sin violencia de género y sin discriminación.

A la fecha, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Baja California Sur y Yucatán han dictaminado de manera positiva.

En la sesión de hoy, las regidoras Paulina Peniche Rodríguez y Ana Gabriela Aguilar Ruiz pidieron el voto favorable de sus homólogos, al tiempo que resaltaron la labor de la agrupación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY).

“Nunca más los violadores, los agresores y los deudores alimentarios morosos tengan cargos en el gobierno. En la administración pública municipal estaremos pendientes de que se cumpla”, advirtió Aguilar Ruiz.

El miércoles 8 de junio, los cinco regidores del Cabildo de Tixméhuac, incluida la alcaldesa Angélica Panti Cervera, votaron de manera unánime, con lo que ese municipio se convirtió en el primero en dar su respaldo a la reforma constitucional.

(LectorMx)