Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia
Paul Auster
Julian Santiesteban
Quintana Roo.- Más de 500 millones de pesos robados a unos once mil maestros de Quintana Roo siguen desaparecidos y sus responsables disfrutan de total libertad y, aunque esta semana concluye el curso escolar para más de 430 mil estudiantes de Quintana Roo, la justicia “del cambio” no termina por llegar a los estafados, pues los mentores no tienen siquiera certeza sobre la actuación de las autoridades, a quienes poco parece importar su situación, justo ahora que está por cumplirse el primer año de gobierno.
La administración de Roberto Borge Angulo robó –porque ese es el término- a los maestros más de 623 millones de pesos, pues los mentores adquirieron mediante créditos con descuentos vía nómina, vehículos y artículos domésticos, y aunque los descuentos se hicieron puntualmente, los pagos no fueron entregados a las empresas respectivas; pero el escándalo se ventiló desde 2013 y aún permanece en la impunidad total, pues los ex titulares de la dependencia están el libertad y los responsables administrativos ni siquiera se conocen.
Por esas ilegalidades hay por lo menos dos responsables: La actual diputada federal, Sara Latife Ruiz de Chávez y José Alberto Alonso Ovando, este último que ya solicitó desde abril un amparo que quedó bajo el expediente 210/2017 y la primera que goza aun de fuero por su encargo legislativo; pero los afectados, que se estiman en más de once mil maestros y quince compañías defraudadas, según la actual titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), Marisol Alamilla Betancourt, continúan esperando no sólo que se apliquen las sanciones respectivas, sino que se liquiden los adeudos, pues el daño menor es que estén en el llamado buró de crédito, pero además se les sigue exigiendo el pago de lo adquirido.
Cuando José Alberto Alonso Ovando llegó a la SEyC en 2013 el robo a los maestros era ya conocido y el funcionario aseguró que se liquidarían los adeudos, pero hasta el final de la administración tan sólo una cuarta parte del adeudo fue pagado, quedando pendientes unos 500 millones de pesos, pues los descuentos nunca dejaron de hacerse y los pagos a las empresas, de nuevo, no se realizaron y, en el colmo del descaro, de los responsables administrativos que fueron cómplices ni siquiera se dieron a conocer los nombres, aunque al parecer todo parte –como todos los multimillonarios desvíos cometidos en el borgismo- de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cuyo titular era Juan Pablo Guillermo Molina, quien hasta ahora también se pasea a placer en la avioneta tipo Beechcraft Baron G58 de cinco plazas, matrícula XB-MPY, que se compró –esa sí, en efectivo- justo al dejar el encargo, en un millón de dólares.
Ahora bien, hasta ahora han sido detenidos tres ex funcionarios: Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por un daño patrimonial de 39 millones de pesos; su subsecretaria, Paulina García Achach –que salió libre bajo fianza-; y el ex director de la empresa VIP Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, por la supuesta irregular renta de aeronaves hasta por 320 millones de pesos; pero lo cierto es que, ni juntando los desfalcos de estos tres señalados, se acercan siquiera al monto robado directamente a los bolsillos de los maestros y no a las arcas públicas.
El ciudadano sigue esperando justicia por lo que le duele directamente, las detenciones de los que afectaron las arcas públicas sin duda deben realizarse, pero lo que duele a las personas es lo que les afecta en su economía diaria y ese sigue siendo un pendiente, así que mientras los estudiantes se van de vacaciones, sus maestros permanecerán en espera de la aplicación de la ley, ojalá sea antes del 09 de septiembre, fecha en que será el primer informe de gobierno de Carlos Joaquín González; porque la justicia que no es pronta y expedita, no es justicia; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
