Mérida, Yucatán.- Tres ciudadanas del municipio de Ucú presentaron hoy ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una denuncia ciudadana de juicio político contra el presidente municipal, Gener Pech León, a quien acusan de incurrir en actos ilegales, desacato judicial e incumplimiento de acuerdos de Cabildo, lo que —aseguran— ha ocasionado un grave perjuicio al patrimonio del Ayuntamiento.

Las promoventes, Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké, acudieron con un escrito formal en el que solicitan la intervención del Poder Legislativo conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. En el documento, argumentan que el alcalde ha mantenido una conducta “ilegal y contumaz” que vulnera las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.

Las ex trabajadoras, representadas legalmente por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado y con Elsa María Rodríguez Luna como su representante común, señalaron que fueron despedidas injustificadamente de sus empleos en el Ayuntamiento de Ucú, motivo por el cual promovieron un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Tras un proceso que concluyó en diciembre de 2021, el Tribunal dictó un laudo que condenó al Ayuntamiento de Ucú al pago de 253 mil 040.83 pesos a cada una de las tres demandantes, es decir, un total de 759 mil 120 pesos. No obstante, pese a que se otorgó un plazo de quince días para cumplir la sentencia, el presidente municipal ignoró la orden judicial, permitiendo que el adeudo se incrementara progresivamente hasta alcanzar un millón 425 mil 840 pesos, según los acuerdos judiciales más recientes.

De acuerdo con la denuncia, el propio Cabildo de Ucú acordó en sesión solemne del 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Congreso del Estado para liquidar la deuda laboral; sin embargo, el alcalde no acató el mandato del órgano colegiado ni realizó las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes.

El texto también señala que el edil habría intentado simular el cumplimiento del acuerdo de Cabildo mediante la presentación de oficios sin sellos ni firmas de recepción de las dependencias a las que supuestamente fueron dirigidos, entre ellas el Gobierno del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso local. Esta acción, sostienen las denunciantes, podría constituir falsificación documental y fraude procesal.

En la denuncia se precisa que, por la omisión e indolencia del alcalde, el monto original del laudo prácticamente se duplicó, generando un daño directo al erario municipal y afectando el prestigio y la solvencia del Ayuntamiento.

“Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, se lee en el documento.

Ante esta situación, las denunciantes solicitaron al Congreso del Estado de Yucatán que dé curso legal a la denuncia y determine la procedencia del juicio político contra el presidente municipal, por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, abuso de autoridad, daño patrimonial y desacato judicial.

La denuncia, presentada este martes 4 de noviembre de 2025, fue recibida en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, donde se turnará a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual resolución conforme a la normatividad vigente.

Finalmente, las promoventes expresaron su confianza en que el Congreso del Estado actúe con imparcialidad y firmeza, al considerar que la justicia implica no solo el cumplimiento de la ley, sino también el respeto a la dignidad de las personas y la defensa del patrimonio público.

“Confiamos en que prevalezca la verdad y la justicia”, expresaron al concluir su denuncia.

(Didier Madera)