Progreso, Yucatán.- El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito concedió suspensión provisional al dragado y relleno de más de 80 hectáreas en el Puerto de Altura de Progreso.

Como parte del juicio de amparo 1919/2025, la justicia federal ordenó detener de manera inmediata lo relacionado con esa obra.

Los suscritos son Juan Andrés Medina Rejón y José Alfredo Uicab Panti, en calidad de defensores ambientales, y pobladores de puertos aledaños.

Esa instancia del Poder Judicial de la Federación también dispuso la notificación a las partes demandadas, así como a la Administración del Sistema Portuario Nacional, Progreso, Sociedad Anónima de Capital Variable (Asipona, Progreso) con el fin de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar.

Para ello, se fijó plazo de 24 horas para que la Asipona acredite ante el juzgado federal haber dado cumplimiento a la medida suspensiva, en los términos concedidos hasta en tanto se dicte la resolución de suspensión definitiva.

“Esta suspensión es un paso clave para proteger el mar, la pesca ribereña y los derechos de las comunidades costeras. El dragado no puede continuar sin garantías ambientales, ni consulta pública”, afirmó Medina Rejón, representante legal del juicio.

Los demandantes refirieron que la ampliación del Puerto de Altura de Progreso comenzó sin los permisos correspondientes.

Tampoco se tienen –aseguraron– los Estudios de MIA para el dragado, Estudios batimétricos y morfológicos que evidencian alteraciones del fondo marino, entre otros.

Así, “comunidades” de Progreso, Chicxulub y Chelem, junto con defensores ambientales promovieron el recurso jurídico ante la falta de consulta pública, la omisión de evaluación científica y los impactos acumulativos del dragado.

Se impugnó actos de autoridades federales, estatales y empresas privadas que ejecutan el proyecto sin transparencia ni medidas de mitigación.

Medina Rejón llamó a la ciudadanía, a medios de comunicación, sociedad civil y organismos independientes a vigilar el cumplimiento de la suspensión, exigir transparencia y defender el derecho a un medio ambiente sano.

(LectorMx)