Detrás de cada gran fortuna hay un delito
Honoré de Balzac
Julian Santiesteban
La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo el sábado –y liberó el domingo- al ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, acusado de lavado cometido y la que lo exonera a ultranza, sólo por haber llegado al poder de la mano del actual mandatario estatal, Carlos Joaquín González; y aunque la autoridad federal cometió excesos al montar un circo mediático sin mostrar pruebas de sus acusaciones, delitos sí se cometieron y por ellos deberá responder el aun candidato a la diputación federal por el distrito 3 de la entidad.
La versión oficial –y obligada- del gobierno local fue respetar la legalidad, acotar que los delitos fueron cometidos antes de que Vergara Fernández fuera funcionario público y que apelaban a la inocencia del mismo hasta que se compruebe su culpabilidad; en contraparte, aunque el candidato a diputado federal por el PAN-PRD-MC fue liberado al día siguiente de ser detenido, quedó firme una de las acusaciones, la de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde septiembre de 2017 ante la SEIDO.
El caso fue tan repentino que las versiones entre los diferentes actores políticos fueron incluso encontradas, pues mientras el precandidato a la Presidencia de la República y ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que no intervendrían en el caso o la defensa de Vergara Fernández, y que la ley deberá aplicarse; el dirigente nacional del PRD nacional, Manuel Granados, el vocero de ese partido y el del blanquiazul, Ángel Ávila y Fernando Rodríguez, respectivamente, pidieron transparencia en el proceso y dijeron esperar que detrás de tan espectacular detención no hubiera intencionalidades políticas. ¿No resulta contradictorio pedir que no haya política, cuando los declarantes son dos políticos?
El caso es que el candidato fue liberado, hasta ahora se ha insistido –a nivel de rumor- en que regresaría a sus actividades de campaña, medios diversos han distribuido versiones que recalcan la “inocencia”, la “arbitraria” detención y la parcial actuación de la PGR; pero Vergara Fernández tiene un proceso legal abierto y también hay quien asegura que su sustitución es cuestión de horas, con base en el artículo 38, fracción II, que establece como imposibilidad para ser candidato “…estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.”
Con base en las encontradas versiones, y más allá de la “línea editorial” de los medios que defienden o condenan a priori al ex funcionario y aspirante a diputado federal, faltará entonces conocer la decisión formal del Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de que la coalición pretenda seguir con el mismo candidato; pero sobre todo, será también indispensable conocer el “ambiente” que el proceso legal en marcha imprime a la campaña de todos los abanderados de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, las naturales sonrisas y abrazos de todos los que caminarán junto con Vergara Fernández pidiendo el voto; ¿porque sí caminarán con él o no?
COMENTARIO MORBOSO
Más allá de insistir en mantener en el plano político la detención del ex titular de Sefiplan, hay un enorme “vacío” informativo sobre el origen del dinero que recibió, los empresarios a los que ayudó Vergara Fernández, y lo interesante es que una creciente versión es que las llamadas denominadas “pagadoras” son las que habrían estado en el fondo del tema. Esas a las que el SAT acusó en 2016 de evadir impuestos para beneficiar a empresarios hoteleros de Quintana Roo.
El nombre de una de ellas, Evercorp, ubicada en Cancún, es la que más se menciona, en cuya estructura aparece como socio el hijo de un ex gobernador quintanarroense, cuyos datos es importante mantener con sigilo, pues la familia Hendricks Rubio pudiera inquietarse; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
(Foto: @JuanVergaraFdz)
