Mérida, Yucatán.- La Vicefiscalía Estatal Anticorrupción procurará que los ex funcionarios municipales que no hayan aclarado cuentas públicas de su gestión e incurrido en anomalías sean impedidos de buscar puestos de elección popular.
José Enrique Goff Ailloud, primer titular del organismo, expuso lo anterior al confirmar que la instancia a su cargo revisará las 24 denuncias o expedientes que turnó la Auditoría Superior del Estado (ASEY) correspondientes a inconsistencias en cuentas públicas presentadas por alcaldes en su gestión de 2015.
Según la ASEY, existen montos no comprobados o “insolvencias” cercanas a los 70 millones de pesos por parte de 23 municipios del estado y que será la Vicefiscalía la que determinaría los procesos a seguir.
Goff Ailloud señaló que la no comprobación de gastos no es un delito, lo que no impide a quienes estén sujetos a ese tipo de observaciones o señalamientos aspirar a un puesto de elección, situación que, dijo, se intentará revertir.
Informó en entrevista que se analizarán todas las denuncias, algunas de las cuales, adelantó, podrán subsanarse cuando se presenten los documentos pertinentes o se devuelva el dinero
Aclaró que la Vicefiscalía entrará en funciones a mediados de marzo próximo y entonces comenzará su actuación.
“Haremos una investigación diligente, usaremos los medios a nuestro alcance para ver si existen elementos de tipo penal que nos haga presuponer algún delito de corrupción y en su caso el responsable tenga que defenderse ante un juez”, adelantó.
Indicó que la Vicefiscalía del Sistema Estatal Anticorrupción está en proceso de conformación con un presupuesto de 12 millones de pesos para ocupar 45 plazas, de las cuales, cinco o seis serán para fiscales.
Reveló que existe una lista de 80 aspirantes a fiscales, de los que se analizarán trayectoria y currícula para seleccionar a 45, a los que se aplicarán exámenes de confianza y, a su vez, determinar el grupo que representará a la Vicefiscalía.
Goff Ailloud aseveró que la instancia a su cargo, creada en noviembre por el Congreso como parte del Sistema estatal Anticorrupción, está en proceso de integración de su personal.
Éste, precisó, será capacitado en materia de derechos humanos, delitos de corrupción y otras materias sustantivas para entrar en servicio a mediados del mes próximo.
(Jesús Mejía)
