Mérida, Yucatán.-  La Fiscalía General del Estado (FGE) giró órdenes de reaprehensión en contra de los hermanos Claudia Rubí, Miguel Ángel y Jorge Alberto Argáez López, así como en contra de su señora madre, Lina López Conrado, acusados por presunto fraude cometido en ahorradores de la empresa Crecicuentas.

La instancia procuradora del Poder Judicial del Estado expuso que dichas órdenes fueron dictadas por el Tribunal Superior de Justicia, en resolución del recurso de apelación que en su momento interpuso la FGE en contra de la libertad que se les concedió por falta de elementos.

Al revocarse la libertad que emitió un juez federal se dictó auto de formal prisión, por lo que los detenidos fueron  puestos a disposición del juez correspondiente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida.

El caso, de acuerdo con información obtenida por LECTORMX, se ventila en el Juzgado Sexto Penal bajo el anterior sistema de justicia penal, ya que por tratarse de denuncias formuladas en el 2013 y 2014 no es posible aplicar el actual, ya que las leyes no son retroactivas.

La detención se hizo en seguimiento particular de la denuncia presentada por el señor José Luis Rodríguez Fuentes, quien en sus declaraciones indicó haber depositado cerca de un millón de pesos de sus ahorros en la caja de Crecicuentas y no se les ha devuelto, razón por la que levantó la querella correspondiente por el delito posiblemente de fraude.

De acuerdo con los antecedentes del caso, de diciembre de 2012 a mediados de 2014, la Fiscalía General del Estado recibió un total de 217 denuncias en contra de los socios de la Cooperativa de Fomento Regional, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

De ocho averiguaciones derivadas de causas penales se libraron órdenes de aprehensión en contra Miguel Ángel Argáez López, Jorge Alberto Argáez López y Claudia Rubí Argáez López, entre otros, a quienes el Juez Penal les imputó el delito de fraude, mismo que fueron reaprehendidos en esta ocasión.

En ese entonces también fueron detenidos Carlos Javier Cámara Martínez, José Ordaz Gutiérrez, e Iliana Guerrero Castillo por las mismas acusaciones, quienes se ampararon ante un juez federal en contra de la resolución dictada por un juez estatal.

La FGE trabajó en la revocación de la decisión del juez federal, misma que fue obtenida, por lo que se procedió a la reaprehensión de dichas personas.