Mérida, Yucatán.- Los informes de las cuentas públicas 2013 y 2014, enviadas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), provocaron un choque entre las principales fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado.

Tras más de cuatro horas de sesión, el pleno aprobó los dictámenes de la Comisión Permanente de la Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia.

Los representantes del PRI, PRD, PANAL y PVEM validaron el trabajo de la ASEY sobre el manejo y destino del dinero público estatal.

“Entendiendo que a nosotros nos corresponde la evaluación precisamente de esos informes, con lo que se dio muestra de la disposición a cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad ante los ciudadanos y la voluntad para conducirnos conforme a derecho”, justificó la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la priista Celia María Rivas Rodríguez.

La bancada del PAN se pronunció en contra por los tiempos y la forma en que se dio la revisión de la cuenta pública 2013, ya que desde el 20 de febrero de 2015 fue presentado al Congreso del Informe de Resultados por parte de la ASEY.

“Y teniendo el Congreso, un año para su análisis y discusión, esta apenas fue turnada para iniciar su análisis el 10 de febrero del presente año. Es decir, un año estuvo en poder de la Secretaría General sin que se haya turnado a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública. Se ocultó la información prácticamente casi un año. ¿Cuáles son los motivos de dicho ocultamiento?”

Los panistas criticaron el poco tiempo para analizar los 196 Informes de Resultados correspondientes a 2013, los cuales, al parecer, no necesitaron más de 7 días para que fueran dictaminados.

“Resulta imposible creer que en tan poco tiempo y en solamente algunas sesiones de Comisión se revisen 90 organismos públicos y los 106 municipios del Estado, sobre todo cuando se tuvo el tiempo suficiente para que los diputados realicemos un análisis responsable.

“No vemos por qué ocultar la información, si es la misma Ley que le concede al Congreso para su análisis hasta un año siguiente al de la presentación de la cuenta pública”, resumió el grupo del PAN.

A su vez, el perredista David Abelardo Barrera Zavala señaló que la función que compete en este caso es revisar si la ASEY cumplió o no con las formas y mecanismos establecidos en la Ley al realizar las auditorias respectivas, lo cual, desde su opinión, resultó afirmativo.

Al reconocer que los procedimientos ya están iniciados en contra de los municipios fiscalizados que no solventaron sus inconsistencias y se han presentado denuncias respectivas, cuestionó que dichos asuntos puedan quedar a dormir el sueño de los justos.

“¿Seguiremos viendo la impunidad que caracterizó al Gobierno estatal anterior?

“¿Seguiremos esperando el combate férreo a la corrupción citado por el actual gobernador en su discurso de toma de protesta?

“La respuesta, y lo digo con toda claridad, debe ser un rotundo NO”, expuso.

Barrera Zavala demandó al Fiscal General del Estado así como al propio titular de la ASEY que se llegue hasta las últimas consecuencias, para que el posible daño a la Hacienda Pública municipal, sea resarcido y los culpables paguen por ese hecho.

“Hay que decirlo con sus letras como es, los que se robaron un peso de los yucatecos tienen un nombre, y se les llama ladrones. Y estos, el único lugar donde deben estar, es en la cárcel”, sentenció.

Jazmín Yaneli Villanueva Moo, de MORENA, informó que enviará al Auditor Superior del Estado una serie de opiniones y observaciones relativas a los informes 2013 y 2014 que este día fueron aprobados.

En la misma sesión se aprobó la nueva Ley para la Igualdad entre hombres y Mujeres, que crea el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán y desaparece al actual Instituto de Equidad de Género.

La diputada panista Beatriz Zavala Peniche señaló que ello no sólo significa “un cambio de nombre” sino que implica “un cambio sustancial para lograr iguales derechos e iguales posibilidades ante la ley”.

También reprochó los tiempos que fueron otorgados para realizar el análisis del dictamen.

“Nos lo fue presentado con menos de 24 horas antes de discutirla en la Comisión de Igualdad de Género. Esta no puede ser una práctica legislativa adecuada… ¿Cómo vamos a votar un dictamen cuyo contenido desconocemos?”, preguntó.