Mérida, Yucatán .- Ante los “problemas, errores y deficiencias” en la operación y consecución de los fines para los cuales fue creado el Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán, el Colectivo Mujeres Sin Maquillaje demandó de manera pública el cese de su directora Lucelly Cervera Góngora.

Los integrantes de la organización que aboga por las mujeres víctimas de la violencia y en estado de indefensión jurídica expresaron en rueda de prensa por la inacción y la incapacidad que en el puesto ha demostrado la titular de ese centro de justicia creado el siete de marzo de 2014.

Informaron haber entregado al titular de la Fiscalía General del Estado, Ariel Aldekua Kuk, una carta dirigida al gobernador Rolando Zapata Bello, en calidad de presidente de la Comisión de Equidad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que expusieron la situación de dicho centro.

María Eugenia Núñez Zapata, Layda Rodríguez Torres y Marbella Casanova Calam recalcaron la falta de atención efectiva de dicho centro hacia las mujeres en situación de agravio, cuyas casis han sido canalizados a la fiscalía pese a existir el Centro de Justicia para las Mujeres”.

“Con gran preocupación observamos que este centro no ha cumplido con los enunciados (de su creación, que son las de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), el funcionamiento es deficiente y su titular ha demostrado incapacidad para dirigir y cumplir con las responsabilidades que le competen”, indicaron.

Las representantes del colectivo solicitaron la “remoción inmediata” de Lucelly Cervera Góngora como directora general de ese centro de justicia a fin de que se inicie una nueva etapa con una persona al frente que cuente con el perfil adecuado, sensibilidad y competencia para el importante encargo”.

Las representantes del colectivo afirmaron que las mujeres de Yucatán “siguen padeciendo una violencia institucional sin ser atendidas” y enumeraron una serie de presuntas irregularidades en la impartición de justicia.

Como ejemplo mencionaron que a casi dos años de haber sido aprobada la nueva ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta la fecha, no cuenta con un reglamento, el sistema no funciona y el Poder Ejecutivo no se ha preocupado por elaborarlo, lo que representa un grave retroceso

Mencionaron que es ínfimo el número de juicios y sentencias condenatorias que de ninguna manera corresponde al elevado número de denuncias en la Fiscalía o el Centro de Justicia para las Mujeres, con funcionarios y funcionarias que desconocen que las mujeres cuando son víctimas de violencia, experimentan necesidades especiales para acceder a instancias judiciales de protección.

“No se percatan que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia, afectan en forma diferenciada a las mujeres y de que si son indígenas y de escasos recursos, es más, aún más difícil, el acceso a la justicia, y que estos no son muy accesibles y mucho menos idóneos y efectivos”, indicaron.

(Jesús Mejía)