Mérida, Yucatán.- Ciudadanos Unidos por Mérida anunció hoy una acción ciudadana para defender al municipio capitalino contra una eventual resolución injusta en el litigio mercantil por arrendamiento cancelado de las luminarias en 2013.

Como un primer paso, 43 personas presentaron amparo colectivo con el fin de impedir el pago de alrededor de 273 millones de pesos, fijados en sentencia federal de segunda instancia, y que reclama la empresa BC&Leasing y Banco Santander que tiene los derechos de cobranza.

“En principio pareciera que es un tema ajeno a nosotros, pero no podemos perder de vista que es un dinero público, que es nuestro dinero, que es dinero de nuestros impuestos y que se vería comprometido y que dejaría de utilizarse para la ciudad, para diversos servicios públicos, que finalmente resultaría en un perjuicio para todos y cada uno de nosotros”, expresó David Sosa Solís.

En la demanda, promovida el viernes pasado ante el Cuarto Juzgado de Distrito con sede en Mérida, los firmantes plantean que tienen derecho a ser escuchados en el proceso de juicio en contra del Ayuntamiento como terceros interesados y que a la fecha no ha sucedido así.

Sosa Solís aseveró que de esa manera los habitantes de Mérida asumen un papel activo y dejan de ser simples testigos de los sucesos que les atañen.

Patricia McCarthy Caballero, apeló a la sensibilidad del juez en cuestión para admitir la solicitud y entrar al análisis de fondo.

“Y fuimos afectados desde el origen, desde la decisión de instalar unas luminarias en una ciudad que no cumplían ni siquiera las normas mexicanas establecidas en la materia”, indicó.

Mencionó que la decisión unilateral de la administración de ese entonces (en marzo de 2011) acarreó estas consecuencias que ahora se pretende cargar a los habitantes.

“No podemos quedarnos impávidos, tenemos que actuar, independientemente de lo que hagan las autoridades o dejen de hacer para defender este caso; nosotros como ciudadanos debemos de tener un papel activo para defender nuestra ciudad”.

Refirió que este mecanismo legal de defensa, de “interés legítimo”, ya es utilizado en otros estados del país cuando existe una afectación al interés comunitario.

Alberto Arjona Ordaz recordó que la comuna meridana tiene en curso un amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desechar la exigencia del pago que reclaman AB&C Leasing y Santander.

En tanto, consideró que, de ser admitido el amparo colectivo de los ciudadanos, se tendría que reponer el proceso desde el principio y llamar a los 43 suscritos para aportar sus argumentos.

Gina Villagómez expuso que la decisión de quitar las lámparas chinas del alumbrado público de Mérida fue parte de una petición y presión ciudadana, por lo que la respuesta de los juzgados será una respuesta a ésta.

“Esta decisión de los juzgados es una decisión no contra el Ayuntamiento en sí, sino contra los ciudadanos; no es contra un alcalde u otro, o el que viene, la decisión que se tome nos va afectar, esa respuesta es hacia los ciudadanos y es por eso que sentimos el legítimo derecho a defendernos”, dijo.

Recomendó que la lectura no debiera ser que se defiende a un Ayuntamiento o a un partido, sino de aprovechar un mecanismo para la defensa de los intereses comunitarios en otros asuntos y en otros ámbitos de poder.

También serviría, apuntó, para enfrentar los acuerdos cupulares de los partidos que quieren a los ciudadanos al margen.

“Si no abrimos este espacio, estamos fritos”, puntualizó.

El del 25 de abril de 2013, la comuna dio por terminado el contrato de arrendamiento con opción a compra de 75 mil 601 luminarias, lo que llevó a AB&C Leasing a presentar un litigio en tribunales.

El 13 de agosto de 2015, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Yucatán resolvió que es vigente y obligatorio en todas sus partes el citado convenio, y ordenó se paguen 203 millones 155 mil 906.66 pesos por concepto de rentas vencidas, más las cantidades que se adeuden, las cuales sumarían otros 20 millones de pesos.