Yucatán.- Ante la evidencia de tortura cometida por Policías Municipales de Tekax (y probablemente un integrante de la Policía Estatal, al menos con camiseta de esa corporación), el Gobierno de Yucatán admite, sin llamarle por su nombre, “hechos lamentables” y condena esa y “cualquier práctica que atente contra los derechos humanos”.

Sin embargo hace poco más de un mes, en mayo pasado, policías municipales de Temax torturaron a William Roberto Chan Cob con tal brutalidad que le ocasionaron la muerte. El Gobierno de Yucatán, el mismo que ahora deplora los hechos ante la evidencia, hace algunas semanas a través del forense de la Fiscalía, determinó parasitosis en una conclusión absurda que no tiene más objetivo que encubrir la tortura. Los policías responsables no fueron detenidos ni se les investiga. La fiscalía no actúa como tal. Parece esperar una recomendación de un organismo internacional para actuar como le correspondería. Mientras tanto, prefiere omitir cualquier investigación, cualquier acción.

Unos días después de la tortura en Temax, se informó del fallecimiento de un detenido en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, en Mérida. Se dijo que fue por infarto.

Y ahora es de nuevo Tekax. Fue precisamente ahí, pero en los separos de la entonces Procuraduría Estatal y en agosto de 2010, donde falleció Roberth Tzab Ek en circunstancias que obligan a sospechar tortura. Sin embargo, desde 2010, la entonces Procuraduría y las Fiscalías no han hecho más que obstaculizar la investigación e intentar cerrarla. Ha sido “a punta” de amparos y otros recursos como se ha impedido cerrar la investigación, porque se niegan a investigar a los policías y a quienes eran responsables del detenido puesto que lo tenían bajo su custodia.

¿Cuántos “suicidios” en las cárceles municipales y estatales no serán en realidad crímenes de tortura encubiertos? ¿Cuántos “infartos” en las cárceles no serán producto de la tortura infligida?

25 años de batallas y es la primera vez que el gobierno de Yucatán actúa e inicia una investigación con la detención de los responsables. Ante la evidencia circulando en las redes sociales, no tuvo tiempo ni margen para manipular y falsear.

No es la primera vez que hay una grabación. L.P., compañero voluntario del equipo Indignación, grabó en 2006 un evento de tortura. Era gobernador Patricio Patrón Laviada. L.P. laboraba en el edificio que antes ocupó la antigua Procuraduría, en la calle 66. Un mal manejo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, a pesar de la petición de proteger la identidad del denunciante, lo identificó ante sus superiores y fue despedido de su trabajo. La propia Comisión se negó a actuar ante el despido por considerarlo un caso laboral ante el cual no puede actuar.

La tortura es generalizada, normalizada, impune. Es una práctica recurrente de los policías al momento de la detención. Sin embargo, no hay ningún sentenciado por tortura en Yucatán.

Las autoridades protegen y encubren a los policías al grado de falsear hechos. ¿Por qué? Como los lamentables casos de abusos sexuales cometidos por religiosos contra menores de edad, las autoridades se sintieron obligadas con los perpetradores pero no sintieron ninguna obligación con las personas agraviadas, con las víctimas. ¿Por qué?

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, en tiempos de Jorge Victoria, tuvo severas deficiencias ante casos de tortura, se limitó a recomendar cursos a policías en vez de interponer denuncias y, ante fallecimientos de personas en centros de detención, prefirió centrarse en las omisiones de quienes tienen a su cuidado a cualquier detenido y en las condiciones de las cárceles municipales, que ciertamente son deplorables, pero que podrían significar un distractor si se estuviera ante un caso de tortura.

La reelección de Jorge Victoria como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, promovida por agrupaciones que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de su evidente impericia y su incapacidad de confrontar al poder, ha sido uno de los elementos que han permitido que continúe la tortura en Yucatán.

Precisamente uno de los casos que cerró apresuradamente antes de concluir su gestión Jorge Victoria fue un caso de tortura cometido contra un joven acusado de robar un bulto de cemento. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública lo golpearon y le simularon una violación y Jorge Victoria se dio por satisfecho con el cambio de los policías responsables a otra ruta.

El actual presidente de la Codhey tiene el mal ejemplo de Jorge Victoria pero, ciertamente, no está obligado a seguirlo. Muy al contrario, está obligado a cambiar drásticamente la ruta.

El video difundido en redes sociales ha hecho la diferencia en este caso: el gobierno, a través de la fiscalía, detuvo a los policías responsables y los investiga, y deploró los hechos. La Comisión de Derechos Humanos ha dicho que interpuso una denuncia.

La publicidad del crimen ha obligado a actuar y ha evitado la natural tendencia del gobierno a encubrir.

Sin embargo, pocas veces ocurrirá lo que ocurrió hoy: que se filme y difunda la tortura. Es por eso que el gobierno está obligado a actuar en éste y en todos los casos en los que haya indicios de tortura, con investigaciones escrupulosas, apegadas a los criterios internacionales en casos de tortura.

La Comisión de Derechos Humanos está obligada también a realizar un informe especial de todos los casos de los que tiene conocimiento y a elevar las exigencias y recomendaciones de acuerdo con los criterios internacionales en esta materia, incluyendo las medidas necesarias para erradicar y sancionar esta ominosa práctica.

Equipo Indignación