Mérida, Yucatán.- La exigencia de información sobre el suspendido Hospital de Segundo Nivel de Ticul regresó de nuevo al Congreso de Yucatán.

El diputado panista Rafael Montalvo Mata cuestionó hoy el estado jurídico de la obra inconclusa que dejó la administración de Ivonne Ortega Pacheco, y del litigio entre el Gobierno estatal y la constructora Grupo Marhnos, a través de Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A. De C.V.

Iniciado el 25 de marzo de 2012, el pretendido nosocomio estaba asignado bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) y contaría con 90 camas, pero el 6 de mayo de 2015 se rescindió el contrato a la empresa.

“El día de hoy, después de 1519 días del anunciado el inicio de la construcción, tenemos un edificio inconcluso, un edifico desmantelado, tenemos un edificio que está siendo completamente inutilizado”, advirtió el legislador.

“Cómo explicar a la gente de Ticul que hace cuatro años y dos meses, nos dijeron que tendrían un hospital de segundo nivel y pasado el tiempo nos dicen que ya no habrá el hospital”, abundó.

Lamentó haber desperdiciado 8.5 millones de pesos en la compra de los terrenos a un particular vinculado al PRI, que bien pudieron haberse invertido en mejoras al actual Centro de Salud de Ticul y el de localidades aledañas, así como dotar de condiciones de trabajo apropiadas para médicos y enfermeras.

“No nos adelantemos a dar un fin a un edifico, y reclamemos saber públicamente cuál es el estado del litigio de la obra inconclusa del hospital de Ticul”, planteó en tribuna.

Marhnos Construcciones S.A. de C.V., según Montalvo Mata, tenía antecedentes de otros incumplimientos: el Hospital de Alta Especialidad en Tamaulipas en 2007, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de México, en Tlalneplanta en 2010 y la operación del puente internacional Reynosa -Andaluzas Misión en el 2009.

Pese a ello, el gobierno de Ortega Pacheco lo benefició con la adjudicación del contrato.

Con base en el convenio respectivo, dichas instalaciones tendrían costo de mil 300 millones de pesos.

Sin embargo, en el documento, la ex mandataria comprometió pagos a 25 años por 5 mil 571.5 millones de pesos, en razón de 185.5 millones de pesos por año, para la construcción, operación y mantenimiento del inmueble.

La gestión de Rolando Zapata Bello justificó la rescisión en virtud de que la compañía no cumplió con la entrega y el inicio de la prestación de los servicios en los plazos establecidos, los cuales a su vez ya habían vencido.

La fecha de entrega total del edificio equipado estaba fijada para el 15 de octubre de 2014, y la fecha de inicio de funcionamiento, para el 15 de enero de 2015.

(Foto: Mayaleaks)

(LectorMx)