Por Bernardo Caamal Itzá
Mérida, Yucatán.- Si analizamos la cronología del movimiento campesino maya en torno al asunto de los transgénicos en la Península de Yucatán, queda en claro que el Gobierno Federal no quiere “dar su brazo a torcer”, que tiene compromisos serios con la mafia que lo impuso en el poder.
A vuelo de pájaro lo que ha sucedido en la Península en torno a los transgénicos es lo siguiente:
- Campesinos, líderes sociales y comunidad científica levantan la voz contra los cultivos transgénicos.
- Se posiciona el movimiento y es tema de todos los foros locales, incluso del movimiento de las semillas nativas, y el pueblo maya adoptó el nombre MA’ OGM (no a los Organismos Genéticamente Modificados).
2013, 2014, 2015. Líderes se capacitan y afinan su posición en diversos foros internacionales; la sociedad responde pero hace falta más que el sector campesino tenga muy claro sus diversas formas de participación y sobre todo que esté enterado en su idioma originario, ya que este último aún está desinformado, por eso la “apatía o porque está desinformado”, o lo que vemos es una respuesta influenciada por los intereses de esas megainstituciones agrarias y organizaciones afines al partido oficial.
Reconocidos dirigentes, mujeres y varones, tienen muy claro en qué consiste el movimiento contra los transgénicos, hay liderazgo y mantienen su postura muy digna ante sus pueblos; pero en el sur de Yucatán el movimiento se ha fragmentado, se han “corporativizado” y se han enfilado en la línea “oficialista”: es más: “participan porque les pagan”, pero no responden a la lógica informativa del movimiento o “sólo van por la lana” aunque de eso hay mucho que analizar.
Asimismo, el Gobierno de Rolando Zapata Bello, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), ha mostrado simpatía por la lucha contra los transgénicos, pero a pesar de ello la suya es una presencia titubeante, a pesar del decreto “Yucatán es libre de transgénicos”.
Conste que cuando lo hizo señaló que “la siembra de transgénicos en su estado viola diversos artículos de la ley, porque no determinó los efectos de este tipo de organismos en los procesos de producción agrícola y la biodiversidad local”, aunque aclaró después que “el Gobierno del Estado sabía que el Federal podía protestar y poner un recurso de inconstitucionalidad; estamos dispuestos a enfrentar ese juicio”, según Eduardo Bartllori, titular de Seduma y uno de los principales impulsores del decreto.
Semanas después, en el pasado encuentro internacional en torno a la COP13, los gobiernos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, al signar la noche del sábado el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), Visión 2030, como parte de la 13 Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad dijeron que esto es “para construir políticas efectivas enfocadas a reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, y crear la ola verde más grande en la historia de México”.
Muchos líderes presumieron los logros de este acuerdo, pero otros manifestaron que detrás “hay acuerdos que no se conocen y que está muy relacionada con el uso de la tierra y de los recursos naturales”
Ante estos avances en apariencia, lo raro es que el Gobierno de Yucatán no está participando activamente en donde sus instituciones muestren esa coherencia entre la firma de un decreto y la instrumentación de una estrategia para hacerlo saber a su comunidad. Más bien se observó una actitud bastante tibia, mientras que el Gobierno Federal afinó su andamiaje institucional (encabezado por la CDI, que usó al personal conocedor de los idiomas del territorio “para promover las ventajas de las semillas transgénicas”, con lo que el movimiento campesino se enfrenta a la poderosa maquinaria del gobierno de Peña Nieto). Los hechos quedaron confirmados cuando Peña Nieto envió su petición para la suspensión de la medida.
La Corte admitió la controversia pero se negó a conceder la suspensión, con lo que por ahora Yucatán seguirá por el camino de la agricultura orgánica mientras la Suprema Corte define si el Estado de Yucatán se extralimitó en funciones que corresponden al congreso federal.
Curiosamente en los últimos días, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín llamó a hacer un frente común con el Gobierno del Estado en la disputa jurídica. El diputado expresó su solidaridad con Zapata Bello y los apicultores yucatecos y anticipó que solicitará al consejero jurídico del Gobierno de la República, vía el Congreso de la Unión, que explique en qué perjudica a la Federación la decisión de no permitir cultivos transgénicos en Yucatán.
En tanto, la ex gobernadora de Yucatán Dulce María Sauri Riancho se refirió al mismo tema y manifestó su esperanza de que la Suprema Corte decida apostar por el Estado y los gobiernos que defienden a sus ciudadanos.
Con todo lo señalado en torno al movimiento contra los transgénicos está claro que “se cocina algo muy serio” pero lo que está claro es que el Gobierno Federal no quiere ceder ¿por qué será? ¿Será que quieren que la miel peninsular pierda su mercado y aumente más la pobreza en el territorio o sólo quieren usarlo para una cuestión netamente electoral?
