Bacalar, Quintana Roo.- Habitantes del sur de Quintana Roo, que recibieron un fallo negativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su demanda contra el cultivo de soya transgénica en sus territorios, enderezaron su lucha hacia otros objetivos que consideran igual de nocivos.

Luego que el 5 de abril los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal mexicano rechazaran la cancelación del permiso otorgado por el gobierno federal desde 2012 a la empresa Monsanto, los promoventes lanzaron un pronunciamiento.

Integrantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y del Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, deploraron que la SCJN decidiera “lavarse las manos” en el caso.

Criticaron que esa instancia haya optado por no prejuzgar la naturaleza dañina de los organismos genéticamente modificados y quitándose de encima la responsabilidad de ordenar medidas efectivas para evitar los riesgos que supone su siembra.

Y tildaron de “timoratos” a los miembros de la Segunda Sala al tomar “cómodamente” una opción que no resuelve el problema objetivo del daño al medio ambiente y la salud, sino que lo posterga y lo reduce a la generación de acuerdos que doten de legitimidad y den viabilidad al proyecto (de Monsanto).

“Una vez más comprobamos que en México el camino de las leyes no es, por ahora, el medio óptimo para defender los derechos de los pueblos originarios, sino para defender el poder del dinero”.

Pese a esa situación, los firmantes se declaran conscientes de que “algo ha cambiado”, pues el proceso los ha vuelto más fuertes y les renovó el deseo de continuar con la defensa de las tierras.

Asumen que el permiso otorgado a Monsanto no es, ni será, la única amenaza a su pueblo, cultura y territorios, sino que la batalla es por la vida y por el derecho a seguir existiendo como pueblo maya.

“Nuestra lucha es por la defensa integral del territorio, porque ya vemos otras amenazas que con sigilo y rostro amable se acercan a nuestras tierras.

“No son sólo los organismos genéticamente modificados, a las comunidades indígenas de la Península de Yucatán también nos acosan los acuerdos de ‘economía verde’, ‘energías limpias’ y ‘turismo cultural’”, sostienen.

En su conclusión, alertan que la economía depredadora y los modos autoritarios impulsados por las empresas privadas mediante las instancias de gobierno, son incompatibles con los valores, la cultura y la cosmovisión de las comunidades, con la forma en que éstas se relacionan con la naturaleza y con las normas de convivencia de las mismas.

“Las iniciativas del capital son contrarias a nuestra existencia, nosotros les estorbamos. Quieren acabar con nuestro modo de vivir, con nuestras costumbres y nuestra cultura… No nos quieren indios, muertos nos quieren”, rematan en su escrito los indígenas, campesinos, apicultores y ejidatarios del pueblo del poniente de Bacalar.

(LectorMx)

(Foto tomada de internet)