Cuestionan mega proyectos de energía renovable en Yucatán

Mérida, Yucatán.- Entre 2012 y 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó la instalación en Yucatán de seis parques eólicos y cinco parques fotovoltáicos solares. En marzo de 2016, durante su Primera Subasta de Largo Plazo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) añadió autorizaciones para más proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala para el estado. Varios especialistas señalan que este conjunto de megaproyectos de energía renovable representa varias amenazas a nivel regional en el ámbito socioambiental debido a los vacíos legales existentes en los procesos, pero también a la magnitud y al número de los proyectos a instalarse, poniendo en riesgo el desarrollo sostenible de la península.

De acuerdo con la Articulación de Energía Sustentable de Yucatán, un colectivo conformado por miembros de la sociedad civil, comunidades locales, pueblos mayas, organizaciones sociales, así como académicos, estudiantes, consultores legales y ambientales de Yucatán, hay un total de más de 8,700 hectáreas del territorio estatal que serán ocupadas por estos parques en varios municipios como Dzilam de Bravo, Motul, Suma, Sinanché, Yobaín, Telchac Pueblo, Tizimín, Muna, Sacalum, Ticul, Peto, Valladolid, Sucilá, Progreso y Cansahcab. Los impactos incluyen un cambio de uso de suelo, con la consiguiente fragmentación del paisaje y posibles perturbaciones a la flora y fauna, mientras que en el plano social, los territorios comunales o ejidales se verán afectados, incidiendo en el tejido social de las comunidades rurales.

Los especialistas de la Articulación advierten que se oscurece el acceso a la información sobre los impactos socioambientales de estos proyectos al haber una falta de respeto a los Programas de Ordenamiento Ecológico (como una modificación del POETCY en 2014 por la SEDUMA-Yucatán), por el modo en que las empresas promoventes han elaborado las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) y en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha emitido las correspondientes Resoluciones, por el esquema actual en que la Secretaría de Energía revisa las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) y organiza las Consultas Indígenas, además de las formas de relación de las empresas con las comunidades para la obtención de los territorios requeridos para los proyectos. Estos esquemas poco transparentes alejan a la población local y a la sociedad civil de la discusión y la toma de decisiones en un tema tan importante como el aprovechamiento de los recursos naturales.

En este sentido, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) abundó: “Para México resulta estratégico transitar hacia las fuentes de energía renovable a fin de consolidarnos como una economía baja en carbono. Por ello, resulta fundamental que el país trabaje paralelamente en involucrar a las comunidades en las que se pretende desarrollar estos proyectos, garantizando en todo momento su derecho a la información, participación y consulta”. Añadió que la falta de certeza jurídica que prevalece actualmente en este tema afecta tanto a inversionistas, como al gobierno y, fundamentalmente, a los pueblos y comunidades rurales e indígenas.

Las organizaciones destacaron también que, hasta ahora, “no existe un diagnóstico profundo e integral sobre el sector, que tome en cuenta también las externalidades como los impactos al medio ambiente y a las comunidades. Los proyectos que se han presentado en la Península de Yucatán sistemáticamente carecen de la mejor información disponible, pues no evalúan los impactos acumulativos, ni resultan de una evaluación ambiental estratégica que revise la totalidad de los proyectos”.

Respeto a los Derechos Indígenas y a la autonomía energética.

Asimismo, la Articulación destaca que el pueblo Maya de Yucatán tiene, bajo los tratados internacionales y las leyes nacionales, el derecho a una voz en los asuntos que afectan su territorio: “Los pueblos originarios de este estado tienen un derecho establecido en las leyes internacionales, la Constitución Mexicana y la Ley de la Industria Eléctrica, de jugar un papel fundamental en la transición energética de Yucatán y de ser consultados en una manera previa al desarrollo propuesto, libre de intimidación o presión, e informada con respecto a las decisiones que tienen el poder de impactar su territorio”. Sin embargo, los mecanismos establecidos desde la federación, así como la actitud de funcionarios clave en el desarrollo de estos procesos, vulneran los derechos de las comunidades.

La Articulación destaca que la concesión de megaproyectos de producción de energía a empresas privadas mayoritariamente trasnacionales, no garantiza el abastecimiento de la población local y sí podría aumentar los costos para los usuarios. “Así, bajo el esquema de libre mercado y de manera similar a lo que sucede ahora con la gasolina, las alzas de precios de la energía producida vendrán de las decisiones unilaterales de los agentes que controlan la tecnología o la producción”, apuntan.

FICHA INFORMATIVA

CRONOLOGÍA

2012 – Se impulsa la Reforma Energética bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto
– Anuncio del Parque Eólico en Dzilam de Bravo (PEDB) por la empresa Vive Energía
2013 – Señalamiento de afectaciones sociales y ambientales en torno al PEDB
2014 – Autorización “condicionada” al PEDB
2015 – Se publica la Ley de Transición Energética en el Diario Oficial de la Federación
– Anuncio de diez proyectos eólicos y fotovoltaicos en Yucatán
2016 – Primera Subasta de Largo Plazo: nueve proyectos anunciados para Yucatán
2017 – Se anuncia el inicio de las Consultas Indígenas para varios de estos proyectos
2018 – Fecha límite para comenzar a generar electricidad, dos años después de la Subasta

PROYECTOS REGISTRADOS*

*De diversas fuentes: Borrador de la Estrategia Estatal de Energía Sustentable del estado de Yucatán (SEDUMA, 2015), Fallo de la Subasta de Largo Plazo y Asignación de Contratos (CENACE, 2015/1), varias Manifestaciones de Impacto Ambiental y las correspondientes Resoluciones (SEMARNAT, 2012-2017).