Mérida, Yucatán.- El jurista Gabriel Rolando Zapata Bello se pronunció por la recuperación de los caminos y espacios públicos de quienes los ocupan y bloquean ilegalmente, pero sin acudir, advirtió, exclusivamente al uso de la fuerza, sino atender el origen y las causas de las inconformidades.
La posibilidad de transitar, moverse y circular libremente proyecta confianza social entre la población, por lo que liberar cualquier obstáculo o impedimento por parte del Estado tiene un efecto significativo en la moral colectiva, anotó el abogado egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y con grado de doctor en Derecho por la UNAM.
Como parte de la presentación de su libro “La implementación del nuevo sistema de justicia penal”, aludió las aceras del centro de Mérida, así como los parques públicos que han sido ocupados por vendedores ambulantes y tianguistas que obstaculizan diariamente el tránsito y la vida comercial, así como el sano esparcimiento de miles de meridanos.
“El gobierno, las autoridades, los empresarios, los inversionistas, en un afán de procurar la cohesión y el orden social, deben atender las causas originarias de esos bloqueos y ocupaciones ilegales de carreteras, como el deterioro del salario, la supresión de empleos, el cierre de centros laborales, el incremento del precio de los productos y servicios básicos.
“Necesitamos algo más que paños de agua tibia en la política pública de corte social, así como también la política económica debe dejar de verse únicamente con fines utilitarios, tiene que existir un elemento de solidaridad y responsabilidad entre las autoridades hacendarias, los empresarios y financieros mexicanos”, puntualizó.
Respecto de su libro, Zapata Bello recordó que el proceso de implementación del nuevo sistema penal tuvo un plazo de ocho años que se cumplió el pasado 18 de junio de 2016.
En Yucatán, dijo, este proceso resultó significativo, debido a que fue el primer estado que inició sus trabajos a partir de la reforma constitucional de 2008.
Gabriel Zapata Bello profundiza en diversos temas relacionados con la implementación y consolidación en México y en Yucatán del sistema de justicia penal, innovación que propugna por un derecho garantista en donde se esclarezcan los hechos, se proteja al inocente, se procure que el culpable no quede impune y que los daños por el delito se repare, se indica en la presentación del libro.
Poco antes, en entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, marcos Celis Quintal, aclaró que las personas que pasan sus procesos en prisión en Centros de Reinserción del país no necesariamente obtendrán su libertad de forma automática por reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Los criterios de la Corte son importantes, reguladores y orientadores e incluso obligatorios, pero no necesariamente una decisión judicial impacta en todos los procesos penales, habría que analizar caso por caso”, explicó el magistrado.
En la presentación del libro realizada en la sala 6 del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) participaron la consejera de la Judicatura de Yucatán Melba Angelina Méndez Fernández, el Fiscal General del Estado Ariel Aldecua Kuk, el propio autor del libro y como moderador fungió Celis Quintal.
(Jesús Mejía)
