Mérida, Yucatán.- Campesinos del ejido de Kanxoc, municipio de Valladolid, que apenas subsisten con 30 o 40 pesos al día, fueron acusados de supuesta tala ilegal por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual impuso, sin previa verificación e investigación, multa cercana a los 170 mil pesos.

Ante la negativa de ser atendidos y escuchados por las autoridades federales, Pedro Pablo May Chimal y César Canché Tuz informaron haber acudido con representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que, mediante el diputado local David Barrera Zavala, se revise su situación jurídica y puedan revertir la sanción, la cual consideraron “injusta” y “exagerada”.

Expusieron que a duras penas sobreviven de la cosecha de miel o maíz cuando el temporal así lo permite, por lo que la situación preocupa a sus familias.

Mostraron el oficio firmado por el delegado de la Profepa José Lafontaine Hamui ,en el que se establece que debido a la falta de permiso de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) para proceder a la tala, se impone multa de dos mil 300 UMAS (equivalente a 173 mil 627 pesos).

May Chimal, quien dijo ser representante y copropietario del ejido Kanxoc 2 –destinado al aprovechamiento forestal, yubicado entre el kilómetro 14 al 16 de la carretera de Cobá a Chacchén, al oriente de Valladolid–, explicó haber autorizado a Canché Tuz la “limpieza” de unos 20 metros cuadrados para construir una vivienda.

Sin embargo, añadió, integrantes del ejido Kanxoc 1, con los cuales mantiene disputa por propiedad de linderos, sin ser autoridad detuvieron a Canché y lo llevaron a la Procuraduría General de la República de Valladolid, donde lo acusaron a él y a otra persona de tala ilegal.

Posteriormente, comentó haber sido notificado en su domicilio de la multa mediante escrito emitido por la Profepa el pasado 15 de junio.

“Esa situación es injusta e ilegal”, expuso en entrevista May Chimal, al mencionar una serie de irregularidades en el caso, como la detención de Canché Tuz, quien quedó en libertad, al acreditarse la propiedad y el permiso.

Los afectados estuvieron en Mérida para obtener apoyo jurídico y legal para resolver este problema.


(Jesús Mejía)