Mérida, Yucatán.- De cara al proceso electoral 2018, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama advierte que las mujeres yucatecas son vulnerables a ser violentadas en sus derechos de ser votadas y en el ejercicio de sus cargos en caso de ser electas, ya que se carece de una ley contra la violencia política.
En un documento titulado “La violencia política en razón de género”, la senadora por Yucatán indicó que las mujeres que aspiran a ocupar una posición política están expuestas a la simulación de elecciones internas o primarias para eludir la cuota en sus partidos políticos.
Pueden ser enviadas a distritos claramente perdedores u ocupar al final de las listas de representación proporcional o plurinominales, en las que se privilegia en primera posición a los hombres.
También enfrentarán, apuntó, presiones internas para ceder o no reclamar la candidatura, ausencia de apoyos materiales y humanos, agresiones y amenazas durante la campaña, trato discriminatorio en los medios de comunicación y el mal uso del presupuesto partidista etiquetado para la capacitación a mujeres.
Como legisladores y autoridades municipales electas, las mujeres podrían ser afectadas por sustituciones arbitrarias o ser presionadas para que renuncien a favor de su suplente.
En el ejercicio de sus funciones, tendrían mayor exigencia que a los varones; presión para adoptar decisiones a favor de ciertos grupos o intereses, acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local, posible intimidación o amenazas, además de retención de pagos.
También estarían expuestas a la exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas, desdén con respecto de sus opiniones o propuestas, segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto.
En el ámbito personal, las mujeres que ingresan al medio político, estarían propensas a la difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias; a una doble jornada de trabajo, tanto en la familia como servidoras públicas con el consiguiente desgaste, culpa y autoexigencia de sobresalir en ambos campos.
También, indicó, enfrentaría censura de parte de otras mujeres por “desentenderse de las familias” y conflictos con su apreja o ruptura debido a su quehacer política.
Aún cuando existe una disposición constitucional para aplicar la paridad de género en los cargos de elección popular, la representación en los congresos estatales y en particular del estado, así como en las 106 presidencias municipales no está garantizada.
(Jesús Mejía)
