Hopelchén, Campeche.- Representantes de comunidades indígenas del estado de Campeche acusaron al juez segundo de Distrito con sede en esta entidad, Adrián Fernando Novelo Pérez, de ceder a presiones de Monsanto Comercial S.A. de C.V.

Le atribuyeron “torcer” el proceso de consulta desde la raíz, al emitir un acuerdo a favor de la transnacional para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo sólo con 6 comunidades en vez de las 34 como se había establecido previamente.

Mientras se atienden las preocupaciones de esa empresa, señalaron, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23 mil hectáreas del municipio de Hopelchén.

Los manifestantes refirieron que dicho juez decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas para favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de los Chenes.

“La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta”, plantearon.

El acuerdo del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a 6 de 34 comunidades.

Éstas son: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón.

“Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto y de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso. Además ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna”, advirtieron.

Los acuerdos del juez deben suspenderse porque se han interpuesto recursos de queja por los representantes de estas comunidades en contra de ellos, pero la CIBIOGEM y la CDI prestos a este acuerdo, realizaron visitas a las 6 comunidades para llevar a cabo sesiones con ellas.

En su opinión, Novelo Pérez actúa “con criterios regresivos” en perjuicio de los derechos humanos y de más de 20 mil personas.

Como contexto, citaron que el 85 por ciento de la soya que se sembró este año en el municipio de Hopelchén es soya transgénica que es propiedad de Monsanto.

“La selva se destruye a marchas aceleradas por la tala ilegal, el despojo ilegal de tierras, la pérdida de cuerpos de agua temporales y la contaminación del manto freático de la Península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, incluyendo el glifosato, afectando la salud de todos sus pobladores.

“Los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80 por ciento de sus colonias esta y la temporada pasada, y la Sagarpa y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya” recriminaron.

Suscribieron la queja: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y MA OGM

IMG_20171023_121959.jpg(LectorMx)