Mérida, Yucatán.- A punto de vencer, el 22 de marzo, el plazo otorgado al Gobierno de Yucatán para cumplir las 10 recomendaciones que se derivaron de una solicitud de Alerta por Violencia de Género (AVG), organizaciones de la sociedad civil y catedráticas promoventes presentaron el grado de cumplimiento hasta el 19 de enero de este año.

Activistas que impulsan la iniciativa estimaron un avance del 70 por ciento en el listado, el cual constituye apenas un arranque en un contexto general y de fondo.

Ligia Vera Gamboa, Bertha Elena Munguía, Nancy Walker Olvera y Adelaida Salas Salazar, exhibieron pendientes y retos.

Por ejemplo, se han cambiado algunas leyes, mientras que otras se encuentran en el Congreso local, sin fecha para desahogarlas.

Reconocieron que en los compromisos de profesionalización, sensibilización y capacitación no se puede llegar al ciento por ciento en un lapso corto.

En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) es valorada por su disposición a abrir expedientes de feminicidios desde 2013 y la elaboración de protocolos para abordar los casos.

Sin embargo, también hay rezagos, pues de un aproximado de 500 o 600 personas a capacitar –según calculan—, a la fecha se tendría un 5, 10 o 15 por ciento.

“Dudamos que se decrete (la AVG), pero igual podemos volver a solicitar”, explicó Salas Salazar.

Nancy Walker se refirió al modelo de atención y lo vinculó con la actual época de Cuaresma y el viacrucis de las mujeres.

Una vez vivida la violencia, reprochó, de verdad, empieza uno a peregrinar de una dependencia o institución a otra.

“Y de ahí aviéntate esos interrogatorios para poder una y otra vez re victimizarte y volver…”, ilustró.

“Ojalá que todo esto logre más o menos equilibrarse”, agregó, en referencia al Banco Estatal de Datos sobre la Violencia (BAESVIM) que sólo están implementando la FGE, la Secretaría de Salud de Yucatán, la policía estatal, el Instituto de Igualdad para Hombres y Mujeres y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

Bertha Elena Munguía deploró que “muchísimas instituciones” todavía no estén en posibilidad de registrar casos de violencia.

“Hace falta el señalamiento geográfico o georreferenciado de los casos de violencia, por tipo de violencia, en todos los lugares del estado de Yucatán donde ocurran hechos de violencia”, indicó.

Afirmó que existen deficiencias para poder dimensionar la situación.

“El personal que atiende los casos de violencia en los municipios no ha recibido la capacitación en la captura electrónica, ni la implementación del Banco Estatal (BAESVIM)”, precisó.

Aunque la petición original de la AVG involucraba a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en ese entonces sólo estaba obligado el primero, por lo que los otros quedaron de momento al margen de las obligaciones.

Las defensoras sociales reclamaron que, en lo particular, el Judicial sigue ejerciendo violencia institucional.

Adelantaron que al próximo gobernador exigirán que asuma los acuerdos, ya que de lo contrario se presentarán otra solicitud, con la agravante de que el Ejecutivo estatal ya no dispondría de seis meses sino de dos meses para atender las recomendaciones.

En esa eventualidad, además, el nuevo recurso implicaría al Judicial y al Legislativo, así como a Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

(LectorMx)