Mérida, Yucatán.- Un “nuevo momento de colonialismo” vive Yucatán, en el que el crecimiento económico y la generación de empleos mal pagados son la justificante, advirtió Rodrigo Llanes Salazar, del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este fenómeno, según planteó en el conversatorio (Tsikbal) “Neocolonialismo Urbano y Derechos del Pueblo Maya”, tiene su máxima expresión en Mérida y alrededores.
“No hay forma de justificar un crecimiento de la ciudad que corresponde solamente a unos pocos intereses y que no tienen ningún fin social ni humano”, afirmó.
En ese contexto insertó la metropolización, la expansión desbordada de Mérida y el despojo de tierras con la compra-venta ilegal para fines especulativos.
“En Mérida tenemos más casas que familias; hasta hace un par de años más de 40 mil viviendas cerradas. Tenemos vivienda de sobra y se siguen haciendo más casas que no se están habitando tampoco, que es mera especulación inmobiliaria en su mayoría”, ilustró.
Definió la situación como “un momento muy intenso de colonización”, que convierte pueblos enteros en colonias o fraccionamientos, y lo atribuyó a negocios inmobiliarios en colusión con las autoridades municipales.
El investigador sostuvo, en refuerzo de su tesis, que el crecimiento, desmonte y adquisición de terrenos ejidales no responden a necesidades de la ciudad ni de los habitantes, sino sobre todo a intereses del capital inmobiliario.
“Entonces, tenemos lo que muchos llaman: un modelo de articulación por desposesión, por despojo, que implica muchas cosas, mercantilizar tierras, privatizar tierras y espacios”
En “este juego”, agregó, han intervenido distintas esferas de gobierno en coordinación con grupos empresariales.
Y pareciera que la única meta es el crecimiento económico, todo en aras del crecimiento económico que se vuelve un fin en sí mismo por encima de cualquier otra cosa, alertó, lo cual no es necesariamente positivo ni correcto.
“Yucatán está por encima de la media nacional de crecimiento económico, eso lo presumen las autoridades, pero también Yucatán tiene casi la mitad de su población pobre”, acotó el académico.
Luego retomó cifras y conceptos que muestran a Mérida como la tercera ciudad con mayor crecimiento inmobiliario del país, con repuntes en la inversión privada durante poco más de una década: de seis mil 900 millones de pesos, en 2016, a dos mil 068 millones de dólares estimados, para 2018.
Sin embargo, de manera paralela de 2000 a 2009 se perdieron más 37 mil hectáreas de selva baja.
“Y esto es algo que debe preocupar no sólo a las comunidades que están sufriendo directamente de esto, sino a todo el estado”, precisó.
Llanes Salazar puso en duda, ya que “puede ser algo tramposo y engañoso”, el que la administración municipal de Mérida haya firmado a finales de 2016 un convenio con ONU Hábitat, y la presuma en el índice de las 100 mejores ciudades de México y como la mejor ciudad para vivir del país.
Puso la mira en dos “áreas de atención”: el control de la expansión de la ciudad y la baja densidad poblacional, así como en otros aspectos como la falta de planeación de infraestructura ordenada y la contaminación del manto freático.
En la parte final de su intervención, alertó de los riesgos de violencia y pidió a la sociedad no estar ajena a lo que ocurre en el resto del país.
“La gente está llegando de otras partes del país porque está afectada por la violencia. No estamos aislados de las problemáticas que está viviendo el resto del país”.
En cuanto a derechos del pueblo maya, elogió las iniciativas de defensa actuales, pero propuso “ir más allá”.
Sugirió, por ejemplo, impulsar la libre determinación en las comunidades mayas, sus propios reglamentos y sus propios presupuestos, nombrar sus propias autoridades y gestionar sus propios espacios.
Otros participantes en el foro, efectuado en la Universidad del Sur-Campus Santa Lucía: Enrique Ortiz Flores, expresidente de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC AL, 2003-2007) y exdirector general del Fonhapo (1983-1987); pobladores de la exhacienda Santa Gertrudis Copó y de la comisaría de Chablekal y organizadores del Equipo Indignación AC.
(LectorMx)