Mérida, Yucatán.- Las denuncias de corrupción en el sexenio que concluye no deben quedar en la impunidad, sino llegar hasta los presuntos responsables.

Esto advirtió Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, quien planteó continuar hasta el fondo en esos expedientes de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Aquí lo que hace falta es ir al paso siguiente que es investigar esos casos, tener claridad cómo fue que sucedieron estos casos, llevar a cabo, activar a las instituciones responsables para que se sancione o para que se cree las condiciones de prevención para que no se vuelva a repetir este tipo de casos, de abusos”, explicó.

En entrevista, consideró que necesario establecer una política que no sólo se enfoque en el castigo sino también en la prevención adecuada de prácticas contrarias al derecho.

“Pero sin duda que se tienen que investigar, sí tiene que haber una respuesta, ¿no?, y que se tiene que documentar bien para ver si realmente los que ahorita se señalan como posibles culpables, realmente tienen responsabilidad o si más bien son otros los responsables en el caso de desvío de recursos”, agregó.

La académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) rechazó que la corrupción que imperó en los últimos años haya exhibido deficiencias en los sistemas de transparencia y de acceso a la información en el país.

“Pues no, al contrario, conocemos de esos casos gracias a que existe el derecho a la información, antes ni siquiera teníamos posibilidad de conocer y de documentarlos”, reviró.

Sin embargo, aceptó que la normatividad vigente “no es como una varita mágica”, por la cual ya inmediatamente los ciudadanos tienen mayores herramientas para exigirle a sus gobiernos y conocer.

“Ahora, actualmente ¿se usa o no se usa?; pues se usa relativamente, el derecho desafortunadamente no se ejerce lo suficiente, hay un fuerte componente de desconfianza hacia el gobierno, hacia las autoridades y se necesita difundir todavía más, pero el derecho ahí está”, precisó.

El derecho no hay que menospreciarlo –sostuvo–, es una conquista, que llevó muchos años. Es un elemento fundamental, uno de los pilares de la rendición de cuentas y de combate a la corrupción, en la utilización de esa información.

Por ello, abundó, el reto es que conozcan el derecho de acceso a la información, que generen los mecanismos para utilizarlo con el fin de potenciar otros derechos fundamentales.

En ese aspecto, recomendó generar estrategias para que se utilice y para que a través del derecho de acceso no sólo se tenga un mayor conocimiento de los resultados de los gobiernos y de otras áreas que son sensibles para la revisión de cuentas y para el bienestar común, sino además promover las capacidades y el vínculo entre ciudadanías y gobierno.

En cuanto las entidades federativas, la experta refirió que, en cuestión de conocimiento de derecho de acceso a la información –según la encuesta nacional de INEGI–, la región del sureste es la que presenta más desconfianza hacia las autoridades.

De Yucatán, citó, por ejemplo, que tiene buenas mediciones en cuanto a la información de los municipios, sobre todo los más grandes cumplen con ciertos indicadores de transparencia y con un estándar de transparencia en el presupuesto.

No obstante, acotó, el problema es que la ciudadanía conoce poco este derecho, lo ejerce poco y hace falta mayor difusión, mayor divulgación.

Morales Canales asistió, junto con el magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, al conversatorio “La información pública como herramienta para el empoderamiento ciudadano”, en el marco de las Jornadas del Derecho a Saber 2018 que organiza el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).

(LectorMx)