La ley sin justicia es una herida sin cura

William Scott Downey

Julian Santiesteban

Luego de ser considerado el “mejor gobernador” del país, Rolando Zapata Bello, abandonará el cargo a finales de esta semana con una severa crisis de imagen y con investigaciones en puerta por desvíos de recursos similares a las que llevaron a prisión a sus homólogos de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente, lo que permite vislumbrar la utilidad de la alternancia política en los gobiernos y la certeza de que los votantes pueden equivocarse al elegir a sus gobernantes, pero cuando el hartazgo llega, el juicio ciudadano es implacable.

Porque a nadie queda duda de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) luchó hasta el final para mantener entidades como Quintana Roo y Yucatán, pero no hubo dádiva o promesa que modificara la determinación ciudadana de optar por la alternancia y así como en Quintana Roo las voces que demandaban justicia para los saqueadores de las arcas públicas se elevaron, en el vecino estado el fenómeno también comenzó, aun antes de las elecciones en que resultó triunfador Mauricio Vila Dosal.

Justo en la recta final de las campañas, se reveló el grave deterioro de la infraestructura de salud y la carencia de equipo y medicamentos; en contraparte, este martes medios nacionales publicaron que en 2015 el gobernador Zapata Bello destinó 150 millones de pesos para “investigación de enfermedades graves”, adjudicando los contratos a 58 empresas, 16 de las cuales el SAT ha confirmado que son “fantasma” y el resto no se dedica siquiera al sector salud, pues figuran constructoras, comercializadoras de mariscos y hasta empresas de plomería, según detalla el portal Animal Político.

Este 25 de septiembre en que Carlos Joaquín González cumple dos años de haber tomado protesta como gobernador de Quintana Roo, es pertinente recordar desfalcos pendientes de sancionar como la renta ficticia de maquinaria en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) por montos que rondaron los 300 millones de pesos; y a menos de una semana de que los aun funcionarios de Yucatán dejen el cargo, el escribiente les recomienda mirarse en “el espejo” de su vecina entidad porque los procesos legales están ya en puerta, por lo pronto en la Secretaría de Salud de ese estado.

Y es que, en el trienio de Mauricio Vila Dosal como alcalde de Mérida, esa ciudad fue considerada la mejor ciudad para vivir de la República, pero lo cierto es que la entidad atraviesa crisis derivadas de las malas decisiones nacionales, tal como consignan medios nacionales que muestran a un empresariado sin liquidez y con servicios como la electricidad cada vez más caros, lo que los ha llevado a emprender una lucha nacional para su reducción; en suma, el hartazgo llegó con la crisis al igual que en Quintana Roo, y la respuesta que esperan de su gobierno es, por lo menos, justicia a partir del primero de octubre en que la transición se concrete.

COMENTARIO MORBOSO

Y es que, aunque el gobernador electo Mauricio Vila Dosal declaró el 20 de agosto que en su administración no habrá “cacería de brujas”, acotó también que, de encontrarse irregularidades en la revisión que se haga a la administración pública, se aplicarán las sanciones respectivas; esto, luego de reunirse por primera vez con Rolando Zapata Bello, para presentarle al que sería el equipo de transición. Esa sola declaración, debe bastar para que, a partir de la próxima semana, más de un funcionario de la actual administración tramite el amparo respectivo.

Pero no todo es malo, los funcionarios responsables de la seguridad en Yucatán han hecho un papel sobresaliente y Vila Dosal adelantó en ese entonces que serían ratificados, anuncio por cierto que debe concretarse esta misma semana, cuando revele los nombres de todos los que lo acompañarán en su gestión, tal y como lo comprometió. Así, parafraseando al mandatario, “cacería de brujas”no, sólo justicia; así se observa se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.