Mérida, Yucatán.- Activistas en defensa de los Derechos Humanos cuestionaron los beneficios y alcances de 2 de los proyectos estratégicos para el desarrollo y la seguridad nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador: la Guardia Nacional y el Tren Maya.
Eduardo Huchim May, Rodrigo Llanes y Miguel Ku Balam expusieron en el panel “Retos en derechos humanos del nuevo gobierno federal en la Península de Yucatán” la necesidad de que la Guardia Nacional anunciada por el presidente sea integrada por elementos profesionales y capacitados.
Eduardo Huchim puso en duda la viabilidad de la propuesta de López Obrador de integrar dicha Guardia con elementos de la Policía Militar así como de la Policía Naval y de la Policía Federal, toda vez que el Ejército mexicano, dijo, tiene antecedentes negativos en materia de respeto de los derechos humanos por casos aún sin aclarar en cuanto a desaparición de personas y homicidios ocurridos en estados como Durango, Michoacán y Chiapas.
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Lamentó la persistencia de la corrupción y más de la impunidad en los casos en los que el Ejército y la Policía Federal han estado presuntamente involucrados, y mencionó el caso Ayotzinapa, cuya comisión para su esclarecimiento puede representar un claro mensaje en caso de dar resultados muy concretos.
Expuso que la Guardia Nacional debe estar integrada por elementos profesionales capacitados en materia de seguridad pública y Derechos Humanos y no por soldados que lo único que saben hacer es obedecer, que es para lo que los entrenan.
Rodrigo Llanes, egresado de la UNAM, secundó el planteamiento al señalar que en la profesionalización de los elementos de seguridad deben tomar en cuenta a los agentes municipales, quienes además de conocer los entornos y la gente de la zona pueden estar bien capacitados en materia de respeto a los Derechos Humanos y en otras relacionadas con la seguridad pública.
En cuanto al Tren Maya, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Red de Productores de Servicios Ambientales Ya ax Sot ot Yook´ol Kaab, del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, sostuvo que su construcción debe ser avalada por las comunidades indígenas.
Puso en duda los beneficios que tendrá el Tren Maya como detonante de la actividad económica y turística de la Península de Yucatán, toda vez que repercutirá, dijo, pero a favor de los grandes empresarios de las zonas turísticas como de Cancún y Chichén Itzá.
En ese sentido, planteó la necesidad de que el proyecto también beneficie a las comunidades mediante el diseño e implementación de programas favorablemente en las poblaciones.
Indicó que en general los proyectos de desarrollo no toman en cuenta a los pueblos y comunidades étnicas a pesar de que existe una ley de derechos y cultura indígena que reconoce su derecho a la autodeterminación y los usos de sus territorios y costumbres.
En ese sentido, mencionó que como gobierno de la República, López Obrador debe someter a consideración de las comunidades mayas de la zona el proyecto del tren con la idea firme de que implique mejoras a la calidad de vida de los pueblos mayas de la Península.
