Mérida, Yucatán.- Con la idea de las bancadas del PAN y del PRI de dar seguimiento a las 31 denuncias presentadas por el Ejecutivo estatal en contra del gobierno anterior y la propuesta de Movimiento Ciudadano (MC) de inhabilitar de manera permanente a los culpables de corrupción, reiniciaron las sesiones ordinarias del Congreso local.

El coordinador de la fracción priísta, Felipe Cervera, dijo que estarán “atentos” al proceso de investigación por presuntas irregularidades ocurridas en el ejercicio pasado.

Pidió que todo el proceso a cargo de la Vicefiscalía Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo, como lo es la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey), vinculada al Legislativo, “se realicen para el bien de Yucatán y de todos los yucatecos”.

“Continuemos reconociendo las sanas y necesarias diferencias ideológicas entre nosotros y sigamos aprovechando esa riqueza que brinda la diversidad para mejorar los productos legislativos en los que trabajamos”, exhortó, en alusión al período que comienza.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Rosa Adriana Díaz Lizama, indicó que la administración actual ya cumplió con su responsabilidad de denunciar, por lo que toca a la Vicefiscalía Anticorrupción “dar los resultados que el pueblo requiere y deslindar responsabilidades”.

El tema, apuntó, “ya no compete al gobierno del estado, sino a los órganos de justicia y en la fracción del Partido Acción Nacional daremos seguimiento a cada informe que tengan que dar las Vicefiscalía y la Auditoría Superior del Estado en los términos que la ley especifica”.

Sobre el tema, Movimiento Ciudadano propuso sanción ejemplar para los servidores públicos que hayan participado en actos de corrupción.

Silvia López Escoffié sugirió una solución simple y directa: la muerte civil para los corruptos, “que no es otra cosa que su inhabilitación permanentemente para trabajar en o con el gobierno”, para lo cual consideró necesario reformar la fracción III del artículo 98 de la Constitución local.

En relación con los particulares que intervengan en actos de corrupción o sean ligados con faltas administrativas graves, sugirió también sean inhabilitados permanente para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Para ello, sugirió reformar la fracción IV del artículo 98 de la Constitución de Yucatán.

“Debemos impedir que quienes sólo buscan su interés personal, sean estos gobernantes, funcionarios o particulares, sigan cerca del gobierno. Tenemos que evitar que sigan aprovechándose de sus cargos o influencias afectando a los yucatecos y a su economía”, planteó en tribuna.

En el inicio del periodo ordinario de sesiones, los diputados del PAN, PRI, Morena y MC olvidaron discordias y antagonismos, “bloques pragmáticos” y votaciones divididas para desearse mutuamente alcanzar los consensos y los acuerdos para el bien de los yucatecos y de la marcha del estado.

(Jesús Mejía)