Mérida, Yucatán.- Dirigentes del Movimiento Antorchista en Yucatán rechazaron tener negocios creados con recursos de programas sociales o de origen ilícito y aseguraron ser gestores de las demandas sociales de sus 50 mil afiliados en el estado, por lo que no manejan fondos públicos.
Aleida Ramírez Huerta y Gilberto Labastida Rodríguez, entre otros, plantearon que los negocios que operan para obtener recursos del movimiento son legales y sujetos a fiscalización, es decir, están en regla.
Expusieron que en Yucatán la organización cuenta con dos tortillerías ubicadas en el municipio de Kanasín y dos tiendas de abarrotes en otros municipios, lo que les permite allegarse de recursos.
Las declaraciones en conferencia de prensa responden al cuestionamiento de que el Movimiento Antorchista Nacional opera negocios con fondos robados de obras y servicios destinados a la población.
Ramírez Huerta reconoció que a nivel nacional cuentan con 40 gasolinerías, al igual que otro tipo de negocios tales como abarrotes, hoteles, restaurantes y centros recreativos, los cuales, recalcó, funcionan de manera legítima y legal.
“Dicha estructura económica ha sido construida desde cero, paso a paso y con el trabajo y el ahorro de miles de antorchistas, no todos, pues en esto no pueden participar quienes apenas ganan lo suficiente para vivir”, manifestó.
Indicó que el movimiento participa y compite sanamente en el mercado nacional, cuenta con el registro legal correspondiente en cada caso y cumple puntualmente con sus obligaciones fiscales.
Por todo ello, lamentó la “campaña de desacreditación y satanización” en contra del grupo y de su líder nacional Aquiles Córdova Morán.
Reconoció la vinculación en el pasado con regímenes priístas, aunque alegó que existen desde hace 44 años.
(Jesús Mejía)
