Mérida, Yucatán.- A casi mes y medio de que el gobierno del estado interpuso 31 denuncias contra la anterior administración sobre presuntas irregularidades en el gasto por 533 millones de pesos, la Vicefiscalía Anticorrupción reconoció que a la fecha no sido definido delito alguno y mucho menos citado algún ex funcionario.
El vicefiscal en el Combate a la Corrupción en Yucatán, José Enrique Goff Ailloud, rechazó que haya “tortuguismo” o se busque dilatar la justicia en la investigación de las querellas interpuestas el pasado 15 de enero por la contralora general del Estado, Lizbeth Basto Avilés, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira.
“Actuaremos –dijo– con diligencia y profesionalismo utilizando todos los medios a nuestro alcance. Se están haciendo todas las investigaciones de ley; no hemos descartado ninguna, se han solicitado informes a los gobiernos federal, estatal y municipal para hacernos llegar la información conducente para, en su momento, en el esclarecimiento de los hechos, ejercitar la acción penal”.
En entrevista, aclaró que tanto el código nacional de procedimientos penales como el del estado no señalan plazo predeterminado salvo la propia prescripción de los delitos, que no puede ser menor a tres años.
“El desarrollo de la investigación inicial va a depender de cómo fluya la información de todas las autoridades tanto estatales como federales a las que hemos solicitado”, agregó en torno del caso que causó revuelo en la opinión pública.
“Todavía no ha sido citado algún ex funcionario a comparecer, ya que primero es tener clara la documentación, las evidencias y datos de prueba para poder determinar los posibles delitos”, manifestó el funcionario.
En el momento de presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la contralora declinó especificar los delitos para respetar el debido proceso de investigación y aclaró que las mismas no están dirigidas contra alguien en específico, sino contra quien resulte responsable.
Goff Ailloud comentó que hay una agencia especializada del MP abierta y cualquier persona puede presentar denuncia sobre hechos de corrupción o ir aportado pruebas.
“También nosotros iremos por información pertinente y más datos de prueba que nos permita tener un conocimiento más objetivo del caso”, puntualizó.
Las irregularidades e inconsistencias administrativas resultaron de la revisión de los informes de entrega-recepción en diversas dependencias del sector central y descentralizado.
(Jesús Mejía)
