Mérida, Yucatán.- El Congreso local aprobó por mayoría el dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los 106 municipios y 94 organismos públicos de Yucatán, sin que ello exima de la responsabilidad en que hubiera incurrido algún funcionario.

Con el voto en contra de las dos diputadas de Movimiento Ciudadano, los restantes 23 legisladores del PRI, PAN, PVEM y Morena respaldaron el informe de resultados que presentó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), Mario Can Marín.

El dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta pública y Transparencia respalda la revisión de la ASEY, pero no significa –se aclaró–, que queden sin efecto los señalamientos de posibles irregularidades que no han sido solventadas.

El perredista Alejandro Cuevas Mena, expuso que el reporte de la ASEY cumple con el artículo 27 de la Ley de Fiscalización, la cual, reconoció, ha quedado rebasada por la realidad, ya que no fue posible un análisis más detallado de los ejercicios de los fondos públicos.

“No pudimos profundizar con las auditorías, pero cumplimos lo que la ley manda”, aseveró.

Al respecto, Milagros Romero Bastarrachea (MC) recordó que la actual administración estatal interpuso 31 denuncias contra el sexenio anterior por posibles anomalías en el manejo de más de 500 millones de pesos en dependencias como las secretarías de Salud y de Educación.

Consideró una incongruencia aprobar las cuentas públicas del gobierno pasado cuando existen dichas querellas en curso.

El coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Felipe Cervera Hernández, respondió que una cosa es el ejercicio de la Cuenta pública 2017 y otra las demandas legales a partir del proceso de entrega y recepción.

La panista Rosa Adriana Díaz Lizama aceptó dificultades para ahondar en los detalles del ejercicio de las cuentas públicas, ya que únicamente se analizó lo que envió la ASEY.

Admitió que las reformas a la Ley de Fiscalización y Cuenta Pública serán aplicables a partir de 2018; sin embargo, llamó a una revisión integral para que el pleno de la Legislatura cuente con todas las facultades para mejorar las revisiones y no depender del órgano fiscalizador.

En otro punto de la orden del día, la asamblea aprobó el dictamen que modifica el Código de Administración Pública en materia de organismos públicos descentralizados, en el cual se precisa que los futuros titulares deberán tener la preparación técnica afín a la responsabilidad que van a emprender.

En el caso de las instituciones educativas, universidades y tecnológicos, sus titulares deberán contar con al menos título de maestría y experiencia académica comprobable, de tal manera que con ello se garantizará a los alumnos formación y educación de calidad.

Durante la sesión de este miércoles, las fracciones parlamentarias expresaron su respaldo a la diputada Díaz Lizama, quien ayer fue increpada verbalmente por el tema del matrimonio igualitario por un ciudadano, en una sesión de trabajo de comisiones.

Los legisladores condenaron este tipo de agresiones y recalcaron que el Congreso está abierto a los ciudadanos para que asisten y presencien las deliberaciones, pero siempre y cuando se conduzcan con respeto y civilidad.

(Jesús Mejía)