Mérida, Yucatán.- Un alto representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 400 mil adolescentes están vinculados a grupos criminales, muchos de los cuales derivados de desapariciones y secuestros reportados por sus familiares.

Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la agrupación, mencionó que el Gobierno Federal por fin reconoció, por medio de Alfonso Durazo, titular de la dependencia, este grave problema el pasado 29 de abril dentro de la revisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entrevistado luego de participar en el precongreso denominado “Los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes en México: tendencias actuales y desafíos”, que se realiza en el Palacio de Justicia de Yucatán, el activista mencionó que la vulnerabilidad de los adolescentes es creciente.

Refirió que en 2010 se habían reportado de entre 30 mil y 40 mil los adolescentes relacionados con la delincuencia organizada.

Otro dato preocupante, dijo, es que en la consulta infantil y juvenil que organizó en 2015 el hoy Instituto Nacional Electoral se obtuvo que 45 mil niños y niñas refirieron haber tenido presiones de grupos criminales.

Pérez García expuso un caso paradigmático de la vinculación de jovencitos con la delincuencia, el de Tlatlaya, Estado de México, ocurrido en el año 2014: de los 22 ejecutados presuntamente por miembros del Ejército, cuatro eran adolescentes.

De esas víctimas, según una investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, seis fueron reportados por sus familias como víctimas de desaparición y secuestro semanas previas a los hechos.

“Todos estos acontecimientos nos hablan de que grupos criminales están poniendo a los adolescentes en línea de fuego, mismos que son re victimizados”, alertó el también secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Por lo anterior, citó que Naciones Unidas pidió el pasado 4 de marzo desarrollar en México, particularmente en las zonas de riesgo, amplios programas de prevención.

El activista planteó la necesidad de que el Estado mexicano vea en los adolescentes del país no individuos para atención y asistencia sino sujetos de derechos a los que debe garantizar, conforme a la Constitución, las condiciones necesarias para el cuidado de su integridad y de sus bienes.

Las declaraciones de Pérez García representan preocupación incluso en el sureste mexicano, particularmente en el vecino estado de Quintana Roo donde redes de narcotráfico y crimen organizado han ocupado la plaza y se cuentan por miles las víctimas.

En el caso de Yucatán, el magistrado Santiago Altamirano informó que se calcula en 350 mil los individuos de 12 a 18 años de edad, pero afortunadamente no se conoce de casos de secuestro.

Compartió que cerca de 60 adolescentes al año forman parte de procesos judiciales en Yucatán –dato diferente de los que se presentan ante la Agencia del Ministerio Público–, la mayoría por denuncias de robo de celulares, robo con violencia y otros del ámbito patrimonial, además de lesiones y aisladamente homicidios dolosos.

Respecto a las actuales políticas hacia los jóvenes, Pérez García recordó que el presidente Carlos Salinas de Gortari otorgó hace 40 años dinero de manera directa como parte del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).

Con dicha política asistencialista lo único que logró Salinas fue crear una clientela electoral y lo mismo ocurre con el actual régimen de López Obrador, cuya estrategia de atención, apuntó, nos regresa al pasado y es incorrecta.

Incluso, agregó, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ratificó de manera reciente que el programa de transferencias económicas que se aplica en México no funciona para erradicar la pobreza, lo cual se comprobará en los próximos seis años.

(Jesús Mejía)