Según informes del Gobierno federal, dados a conocer por Reforma, el mes pasado el exgobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR, en la que, a cambio, solicita que la información y evidencias que proporcione no sean utilizadas contra sus excolaboradores.

Duarte ofreció declarar contra el exmandatario y varios de sus colaboradores, a quienes asegura que también entregó dinero para fines electorales.

Esta solicitud para iniciar una negociación de beneficios no ha sido respondida hasta el momento por la Fiscalía.

De hecho, fuentes allegadas al caso, que pidieron no ser citadas, dijeron que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero está a la espera de que Duarte dé el primer paso y presente las evidencias con las que dice contar, para luego valorarlas al igual que su petición.

Los delitos electorales que podrían ajustarse al caso tienen en promedio un plazo de 5 años de prescripción y el caso que plantea a la Fiscalía refiere hechos ocurridos hace 7.

Hasta la fecha, la Fiscalía no ha enviado a agentes del Ministerio Público Federal al Reclusorio Norte para recabar el testimonio de Duarte o requerirle las pruebas que señala tener.

La hipotética inmunidad penal que obtendría Duarte, en caso de conseguirla, solo aplicaría para el caso donde imputa al expresidente y no tendría ninguna incidencia en el expediente federal por el cual fue sentenciado a nueve años de prisión ni en los dos procesos del fuero común que tiene en curso, precisa Reforma.

El exgobernador de Veracruz ya había mencionado públicamente al expresidente Peña Nieto, pero no como beneficiario de un presunto acto de corrupción.

El pasado 9 de julio, Javier Duarte reveló en entrevista que Peña Nieto le regaló una suma de dinero para ayudarlo durante su estancia en prisión, lo que el veracruzano atribuyó a sus “cargos de conciencia”.

Dijo que el dinero fue entregado por un amigo en común del expresidente a su hermano Cecil Duarte, en una casa de la Ciudad de México.

Estos mismos recursos después habrían sido utilizados para pagar una “extorsión” al entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, y al subprocurador Felipe Muñoz, quienes rechazaron categóricamente la acusación.

En 2012, el PRD acusó un presunto financiamiento de Duarte a la campaña del ahora exmandatario federal, luego de que el 27 de enero de ese año, la entonces PGR aseguró en el Aeropuerto Internacional de Toluca 25 millones de pesos en efectivo a dos colaboradores del entonces gobernador de Veracruz.

(vanguardia.com.mx)