Mérida, Yucatán.- La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) pidió al gobierno federal poner fin a la corrupción en la asignación de obra pública y establecer un marco jurídico que evite la discrecionalidad, las contrataciones directas y otras irregularidades de la pasada administración.
Lorenzo Ricardo García de León Coria, presidente de la organización que a nivel nacional agrupa a más de tres mil 500 socios, entre ellos profesionales, empresarios, proyectistas y especialistas vinculados al sector, respaldó la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corruptelas entre gobierno y constructoras.
Expresó que no todos los constructores del país caen en el círculo vicioso de las irregularidades que involucraron a grandes e importantes firmas en el gobierno anterior en obras como los trenes Toluca-Ciudad de México y México-Querétaro, el socavón de la autopista de Cuernavaca y la famosa Casa Blanca.
En entrevista, luego de dar posesión a cinco nuevos integrantes de AMIC Capítulo Yucatán que encabeza Jorge Alberto Villalobos, García de León Coria recalcó su petición de acabar con la discrecionalidad, para lo cual, dijo que impulsará con legisladores federales el reformar o derogar parte del contenido del artículo primero de la Ley Federal de Obra Pública.
Ésta, explicó, establece que los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán regulados.
Dicha disposición debe eliminarse y todos los contratos deben sujetarse a mecanismos de control, demandó, ya que su vigencia alienta actos de corrupción como ya sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Planteó también la necesidad de terminar con el sistema de puntaje para la asignación de obra en los casos de licitación, ya que su determinación constituye un acto subjetivo y da lugar a evaluaciones parciales a favor de determinado grupo de constructores.
El dirigente justificó la tardanza del actual gobierno federal en el impulso de la obra pública por el hecho de que se trata de definir nuevas reglas de operación y otras medidas que permitan transparentar las licitaciones y asignaciones.
Aclaró que la AMIC respalda la lucha contra la corrupción, pero aclaró que no será incondicional, que coadyuvará entre sus asociados se luche contra prácticas irregulares y reclamará piso parejo para todos los industriales del ramo.
Llamó a los constructores, desde Yucatán a Baja California Sur –de donde es originario–, a formar parte de esta cruzada contra la corrupción y participar en las licitaciones en condiciones de sana competencia sin simulaciones ni discrecionalidades en la contratación.
En ese sentido, resaltó la cartera abierta del Ayuntamiento de Mérida por 260 millones de pesos en 150 contratos de obra pública en los que invierten de uno a cuatro millones de pesos en cada asignación.
(Jesús Mejía)
